La agonía de Bashar

IGNACIO ÁLVAREZ-OSSORIO

El régimen sirio está cada vez más solo y su caída podría ser una mera cuestión de tiempo. Esta es la lectura más apremiante que puede hacerse de los primeros seis meses de revuelta popular. El malestar generalizado de la población hacia sus dirigentes, las crecientes dificultades de la economía siria y el aislamiento internacional del país parecen indicar que ya no hay vuelta atrás y que la posibilidad de que Bachar el Asad pilote una transición hacia la democracia debe descartarse de manera definitiva.

En este medio año, la repartición de fuerzas ha experimentado un cambio radical. En sus primeros compases, las manifestaciones apenas movilizaron a unos pocos miles de personas en regiones periféricas alejadas de los principales núcleos urbanos. Hoy en día, las protestas se han extendido por buena parte del territorio siendo especialmente relevantes en el triángulo suní formado por Homs, Hama y Alepo, pero también en otras zonas de mayoría kurda. En todos los casos se observa un patrón similar: las marchas pacíficas son brutalmente reprimidas por unidades militares y milicias progubernamentales, lo que acentúa el malestar de la población que, a su vez, intensifica sus movilizaciones.

Hasta el momento han muerto, según diferentes recuentos, entre 2.500 y 3.000 personas. Al contrario de lo esperado, esta política del puño de hierro no ha conseguido ahogar la revuelta, sino más bien todo lo contrario, ya que decenas de miles de personas siguen saliendo a la calle cada viernes tras la oración de las mezquitas. Las principales organizaciones internacionales de derechos humanos -Amnistía Internacional y Human Rights Watch- han acusado al régimen de perpetrar crímenes de lesa humanidad. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha condenado, por su parte, "las sistemáticas y graves violaciones de los derechos humanos cometidas de forma continuada por las autoridades sirias como ejecuciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y la muerte y persecución de manifestantes y defensores de los derechos humanos" y ha abierto una investigación para "identificar, cuando sea posible, a sus responsables con el objeto de asegurar que rindan cuentas por sus acciones”.

Ante el agravamiento de la situación, la oposición empieza a barajar diferentes opciones para acelerar el final de la dictadura. Algunos son partidarios de seguir el ejemplo de Libia, donde el alzamiento de los rebeldes y la intervención militar de la OTAN provocaron el colapso del régimen. Ashraf Miqdad, presidente de la Declaración de Damasco que engloba a varias personalidades de la sociedad civil, ha manifestado recientemente al diario árabe Al Sharq al Awsat que "el régimen sirio nunca detendrá la represión y los asesinatos por lo que solo hay dos opciones: una intervención extranjera o armar a los revolucionarios". Aunque estas voces son todavía minoritarias reflejan la desesperación de la oposición siria, que considera que la revuelta podría perder músculo si no alcanza pronto ninguno de sus objetivos.

Una eventual militarización de la revuelta tendría efectos devastadores, puesto que sería instrumentalizada por el régimen para presentarse como el garante de la estabilidad interna y tratar de recuperar, de esta forma, parte del terreno perdido entre sus aliados tradicionales. La mera posibilidad del estallido de una guerra civil desmovilizaría a la calle siria, del todo contraria a una confrontación étnico-confesional que sería capitalizada por los extremistas de ambos bandos. También tendría efectos imprevisibles en una zona tan sensible como Oriente Próximo, ya que Siria comparte fronteras con Israel, Líbano, Turquía, Irak y Jordania. Como ha advertido recientemente Nabil al Arabi, secretario general de la Liga Árabe, "Siria no es Libia... Siria juega un papel central en la región y lo que allí ocurre tiene un impacto directo en Líbano e Irak".

Los Comités de Coordinación Local, que dirigen la revuelta, han tratado de cortar de raíz este debate. Si bien es cierto que reconocen, en su comunicado del 29 de agosto, que "la mayor parte de los sirios se sienten desprotegidos en su propia patria frente a los crímenes del régimen", también lo es que afirman categóricamente: "Rechazamos los llamamientos a tomar las armas o a una intervención extranjera, que consideramos inaceptables desde el punto de vista político, nacional y ético". De esta manera parecería descartarse, al menos por el momento, una evolución a la libia: "El método por el cual sea derrocado el régimen será una indicación de lo que será la Siria pos-Asad. Si conseguimos que nuestras manifestaciones sigan siendo pacíficas, las posibilidades para la democracia serán mucho mayores. Si se da una confrontación armada o una intervención militar internacional será prácticamente imposible establecer una base legítima para la futura Siria".

Las malas noticias nunca vienen solas, ya que a la presión de la calle se suma la delicada coyuntura económica que ha incrementado la vulnerabilidad del régimen. La sequía que sufre el país desde hace cuatro años ha colocado al sector agrícola en una dramática situación: en apenas 10 años ha pasado de representar el 28,5% del PIB a tan solo el 18%. El turismo, que supone el 12% de la economía siria, también ha entrado en barrena. A la masiva retirada de divisas y la huida de capitales se añade ahora la debilidad de la lira siria. En los últimos meses cada vez son más frecuentes los rumores sobre la falta de liquidez del Gobierno y sus dificultades para hacer frente al pago de las nóminas de los funcionarios. La suma de todos estos factores podría acabar convenciendo a las élites económicas y comerciales de Damasco y Alepo, tradicionales aliadas de los Asad, que ha llegado el momento de replantearse este apoyo.

La creciente inestabilidad ha motivado también un repliegue de los inversores internacionales, lo que siembra las dudas sobre la realización de varios proyectos vitales para el futuro del país. Hace unos años, Bachar el Asad planteó, a bombo y platillo, la denominada Estrategia de los Cuatro Mares que buscaba convertir a Siria en un punto neurálgico del transporte de hidrocarburos entre los mares Mediterráneo, Negro y Caspio y el golfo Pérsico. Con este proyecto, ahora en tela de juicio, Siria intentaba rentabilizar su privilegiada posición como puente de comunicación entre Europa, Oriente Próximo y Asia Central. Además del gasoducto que comunica Egipto con Turquía a través de Jordania y Siria, también se pretende construir un oleoducto desde Irán e Irak, que permitiría transportar el petróleo de ambos países hasta la costa mediterránea siria. El acometimiento de dichos proyectos requiere estabilidad, algo que parece complicado garantizar a día de hoy.

Ante la imposibilidad de aprobar sanciones contra Siria en el Consejo de Seguridad debido al veto de China y Rusia, EE UU y los miembros de la Unión Europea han congelado los fondos de los hombres fuertes del régimen y prohibido las importaciones de petróleo sirio. Aunque estas medidas no provocarán por sí solas el fin del régimen, sí que acrecentarán sus problemas. Siria exportaba el 95% de su crudo a Europa y ahora se verá obligado a buscar nuevos clientes que, probablemente, encontrará en el sureste asiático. También el creciente distanciamiento entre Siria y Turquía podría tener desastrosas consecuencias en el plano económico, puesto que los intercambios comerciales entre ambos países alcanzan los 2.500 millones de dólares anuales. Por último, la retirada del embajador de Arabia Saudí en Damasco demuestra que las relaciones bilaterales no atraviesan su mejor momento.

El hecho de que ninguna de las reformas adoptadas hasta el momento por Bachar el Asad se haya traducido en una mejora de la situación sobre el terreno demuestra su absoluta falta de credibilidad y el agotamiento de su crédito político. Todo parece indicar que, tarde o temprano, la amplia movilización popular, el agravamiento de la crisis económica y la intensa presión internacional surtirán el efecto deseado y pondrán fin a la agonía del régimen sirio".