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El ministro de
Defensa israelí,
Ehud Barak, debe
cancelar los planes
militares para
desplazar
forzosamente a
residentes beduinos
de Cisjordania a una
zona junto al
vertedero municipal
de Jerusalén. Así lo
ha manifestado
Amnistía
Internacional en un
nuevo informe hecho
público hoy
titulado: Stop the
Transfer: Israel
about to expel
Bedouin from homes
to expand
settlements. La ONG
pide al ejército
israelí que ordene
el cese inmediato de
todas las
demoliciones de
casas en las 20
comunidades
afectadas por el
plan.
Amnistía
Internacional ha
manifestado que las
promesas verbales
realizadas por las
autoridades
militares de Israel
no son suficientes.
En las últimas
aseguraron que no
iban a ejecutar las
órdenes pendientes
de demolición en
Khan al Ahmar, una
de las comunidades
beduinas designadas
para ser desplazadas
en el distrito de
Jerusalén, en la
Cisjordania ocupada.
"Miles de beduinos
que viven en algunas
de las comunidades
más vulnerables de
Cisjordania se
enfrentan a la
destrucción de sus
hogares y de sus
medios de
subsistencia a causa
de este plan militar
israelí. Muchos son
refugiados
reconocidos y
algunos se han visto
obligados a
desplazarse en
múltiples ocasiones
desde 1948", ha
manifestado Ann
Harrison, directora
adjunta provisional
del Programa para
Oriente Medio y el
Norte de África de
Amnistía
Internacional.
"Las autoridades
israelíes deben
garantizar el
derecho a una
vivienda adecuada a
los residentes de
las 20 comunidades
-continúa-, al igual
que a la población
palestina de toda la
Cisjordania ocupada.
Esto significa que
deben protegerlos de
los desalojos
forzosos y deben
mantener consultas
auténticas con todas
las comunidades". En
julio de 2011 las
autoridades de la
Administración Civil
de Israel hablaron
por primera vez a
los organismos de la
ONU de un plan para
desalojar a unos
2.300 residentes de
20 comunidades
beduinas en el
distrito de
Jerusalén y
trasladarlos a un
lugar situado a unos
300 metros del
vertedero municipal
de Jerusalén.
Las 20 comunidades
están actualmente
ubicadas cerca de
asentamientos
israelíes ilegales
como el de Maale
Adumim, muchos de
ellos en zonas
designadas para la
expansión de los
asentamientos para
colonos judíos. El
ejército israelí
argumenta que la
mayoría de las
estructuras de estas
comunidades
–situadas en el Área
C de la Cisjordania
ocupada, en la que
Israel mantiene la
autoridad respecto a
la planificación y
la delimitación–
están construidas
sin los permisos
necesarios. Sin
embargo, para las
comunidades
palestinas resulta
prácticamente
imposible obtener
permisos de
construcción en el
Área C ya que Israel
trata de reservarse
el territorio para
expandir los
asentamientos cada
vez que lleguen
nuevos judíos a
Palestina. Se han
dictado órdenes de
demolición para la
mayoría de las
estructuras de estas
comunidades,
incluidas casas,
cocinas, cobertizos
para animales y
escuelas primarias.
Según el Ministerio
de Protección
Medioambiental
israelí, el
vertedero -cerca del
cual quieren ubicar
a los beduinos-
recibe hasta 1.100
toneladas de basura
al día, la mayoría
procedente de
Jerusalén. El
Ministerio ha
informado de que el
vertedero provoca
contaminación del
aire, del suelo y
posiblemente del
agua. Tampoco está
debidamente vallado,
y entraña "peligro
de explosión e
incendios" a causa
del gas metano no
tratado producido
por la
descomposición de la
basura. Aunque está
previsto que este
año deje de
utilizarse el
vertedero, no se ha
acordado ningún plan
de rehabilitación,
lo que significa que
el riesgo
medioambiental
seguirá existiendo,
probablemente,
durante años.
Las autoridades
israelíes han
subrayado que,
dentro del plan de
desplazamiento, está
previsto conectar a
las comunidades
beduinas reasentadas
a las redes de agua
y electricidad. No
han explicado por
qué pueden
proporcionar esos
servicios a
asentamientos
ilegales y
asentamientos no
reconocidos de
Cisjordania, pero no
a las comunidades
beduinas que llevan
mucho tiempo allí
instaladas.
Las 20 comunidades
beduinas han creado
un "comité de
protección" para
coordinar su
respuesta al plan de
desplazamiento. La
preferencia expresa
del comité sería
regresar (de acuerdo
con su derecho
internacionalmente
reconocido de
retorno a sus
tierras) al desierto
del Negev, en
Israel, de donde
fueron desplazadas
por las autoridades
israelíes en la
década de 1950.
Las comunidades han
manifestado que su
segunda opción sería
que las autoridades
israelíes reconozcan
su derecho a
permanecer en sus
hogares actuales,
las conecten a las
redes de agua, de
electricidad y
viarias, y levanten
las restricciones
arbitrarias a su
libertad de
circulación. Como
última opción, los
beduinos estarían
dispuestos a
negociar la
posibilidad de
reasentarse de
nuevo, si la
Administración Civil
los trata como parte
negociadora en
condiciones de
igualdad.
El general Eitan
Dangot, coordinador
de Actividades
Gubernamentales en
los Territorios
-Ocupados-, visitó
la comunidad de Khan
al Ahmar la semana
pasada y, según los
informes, prometió a
los residentes que
sus casas y su
escuela comunitaria
no se demolerían, y
que no serían
trasladados al
emplazamiento junto
al vertedero. Les
dijo que la
comunidad sería
trasladada a un
lugar diferente en
la Cisjordania
ocupada.
Sin embargo,
Amnistía
Internacional ha
afirmado que eso no
basta. "Las
autoridades
militares israelíes
están disfrazando
sus planes al
presentarlos como
una manera de
proporcionar a los
beduinos servicios
básicos como agua y
electricidad. Lo
cierto es que ese
reasentamiento
forzoso de los
beduinos sólo
servirá para
perpetuar años de
desposeimiento y
discriminación y
constituiría un
crimen de guerra",
ha manifestado Ann
Harrison. "Las
promesas informales
no bastan para estas
comunidades. El
ministro de Defensa
israelí debe
cancelar formalmente
esta política".
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