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Rechazando Intervenir:

El Tribunal Supremo de Israel y los Territorios Ocupados

Jonathan Cook*

Mundoarabe

Traducción: Carlos Sanchis

En su informe anual emitido en julio del 2003, la Asociación para los Derechos Civiles en Israel (ACRI) pintaba un cuadro ya, sorprendentemente, familiar de los maltratos del Ejército israelí a los palestinos en Cisjordania y Gaza.

  Una gama amplia de prácticas militares -desde las búsquedas casa por casa en pueblos a "asesinatos selectivos" de activistas palestinos- recibe duras criticas, inusualmente duras para los estándares de la corriente principal de los grupos de Derechos Humanos. " La mayoría de los abusos no ocurren como resultado de la necesidad operativa por parte del Ejército", continúa el informe, "sino de la acción vengativa de los soldados, que reciben la implícita aprobación para denigrar la dignidad, la vida y la libertad de civiles  palestinos inocentes."

  La ACRI continúa citando datos del ejército que revelan que la mayoría de los incidentes de posibles abusos, incluyendo la mayoría de muertes por disparos, nunca son investigados. Entre el estallido de la Intifada en septiembre del 2000 y junio del 2003, el Ejército israelí dice haber abierto 362 investigaciones internas y formulado acusaciones en 46 casos, la mayoría de ellos relacionados con robos de propiedades palestinas. Sólo ocho soldados fueron acusados en incidentes con disparos, pero, hasta la fecha, ninguno ha sido condenado.

  Aunque los soldados acusados normalmente comparecen ante tribunales militares, más que ante jueces civiles, las políticas gubernamentales israelíes y las estrategias “operativas” del Ejército en los Territorios Palestinos Ocupados, están sujetas a la supervisión judicial civil en el Tribunal Supremo.

  Estos jueces alardean de una reputación tenaz, cual perros guardianes independientes y dispuestos para una amplia gama  de problemas sociales y culturales dentro de Israel. Todavía, pese a la ilegalidad de los toques de queda, la demolición de hogares y otras políticas de la ocupación bajo la Cuarta Convención de Ginebra, casi todas éstas políticas han sido apoyadas por el Tribunal Supremo israelí, respaldando la afirmación del gobierno de estar llevando a cabo una ocupación relativamente “benigna” necesaria únicamente para garantizar la seguridad israelí.

  LA SOMBRA DEL TRIBUNAL

  Según David Kretzmer, un profesor de derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el tribunal ha llevado a cabo cientos de juicios relativos a Cisjordania y Gaza desde 1967, particularmente durante las dos revueltas palestina contra la ocupación israelí, la primera entre 1987 y 1993 y la segunda desde septiembre 2000. Estos fallos han aprobado, entre otras cosas, el establecimiento de colonos  civiles, cambios de leyes locales, la construcción de la red de carreteras de bifurcación, confiscación de tierras, deportaciones, demoliciones de casas y detenciones administrativas. La conclusión del reciente libro de  Kretzmer, "La Ocupación de la Justicia" es pesimista: "El tribunal ha racionalizado virtualmente todas las acciones controvertidas de las autoridades israelíes, especialmente aquellas más problemáticas bajo los principios del derecho humanitario internacional."

  La mera amenaza de un logro legal -lo que Kretzmer llama "la sombra del tribunal " - en ocasiones podrían haber forzado a las autoridades a revocar  una decisión sin someterla a prueba ante los jueces. Pero  Kretzmer argumenta que cuando los casos llegan al Tribunal Supremo, este invariablemente falla " a favor de las autoridades, a menudos basándose en argumentos de dudosa legalidad." Añade que esto ha legitimado la ocupación " tanto para el público israelí, en cuyo nombre las autoridades militares han actuado, como para los observadores extranjeros simpatizantes de las posiciones fundamentales israelíes."

  Durante la segunda Intifada, grupos de Derechos Humanos obtuvieron conquistas legales a varias políticas israelíes en los Territorios Ocupados. Tres casos importantes implicaron al sistema de controles militares y bloqueos de carreteras que han asfixiado la economía palestina y la vida social y que ha llevado a la muerte a docenas de palestinos porque su tratamiento médico ha sido retenido, los prolongados toques de queda impuestos en la mayoría de las ciudades palestinas durante los años 2001, 2002 y 2003, y la toma de civiles palestinos como "escudos humanos ". El informe de la ACRI es prudente en sus criticas al Tribunal Supremo en estas cuestiones, posiblemente porque la justicia ofrece la única esperanza de remediar los sufrimientos de los palestinos a manos del ejército. Sin embargo una lectura detenida del documento revela un cuadro de la judicatura que, en palabras de un veterano abogado de Derechos Humanos, "aprueba automáticamente cualquier crimen de guerra que comete el ejército israelí". En cualquiera de los tres casos vistos o fallados en julio del 2003, el Tribunal Supremo israelí rehusó de cualquier modo práctico proteger a la población civil palestina.

  "NO IRRAZONABLES" BOLQUEOS DE CARRETERAS

  En marzo, la ACRI y Médicos por los Derechos Humanos recurrieron al Tribunal Supremo por un caso probado sobre los bloqueos de carreteras. La Organización B'tselem por los Derechos Humanos había registrado al menos 38 muertes palestinas en los controles militares, en el período entre la erupción de la Intifada y febrero del 2003. B'tselem cree que habían habido  muchos más casos pero incluyó sólo aquellos que podían ser verificados sin ninguna duda de que un retraso o un obstáculo deliberado en los controles militares israelíes condujo a la muerte.

  En el caso de la ACRI, los peticionarios solicitaban que el ejército retirara las barreras que impedían entrar y salir a los palestinos de tres ciudades cercanas a Nablus en Cisjordania. Los 11.000 residentes de Salim, Deir al-Hatab e Izmut, que forman un semicírculo al sur del asentamiento judío de  Elon Moreh, habían sido efectivamente encerrados  en sus poblaciones durante un año; incapaces de ganarse la vida, acceder a los servicios médicos, o asistir a las universidades. En julio, el Tribunal Supremo israelí rechazó la petición, admitiendo que, aunque otros métodos de prevenir los ataques a Elon Moreh estaban disponibles, el método escogido por el ejército era "no irrazonable".

  En una acción separada, la ACRI solicitó al tribunal detener los toques de queda que habían afectado a casi todas las ciudades de Cisjordania a lo largo del pasado año. En Ramallah, los residentes habían sido forzados a permanecer encerrados en sus casas durante 100 días; en Hebrón, la ciudad más regularmente bajo toque de queda, el número de estos días alcanzó los 200. La ACRI presentó Hebrón como un caso probado, argumentando al Tribunal Supremo que la imposición regular de los toques de queda de más de 100 horas de duración estaba privando a los palestinos del derecho a ganarse la vida y llevándolos al borde  del hambre. Los abogados también postularon que las razones del ejército para los toques de queda en Hebrón eran prevenir los enfrentamientos entre los 100.000 habitantes palestinos y unos centenares escasos de colonos judíos que viven en el centro de la ciudad. La ACRI argumentó que esta política era discriminatoria, ya que a los palestinos no se les permitía salir de casa mientras que los colonos podían moverse a su voluntad. En julio, los jueces  rechazaron también esta  petición, fallando que la política era "coherente" y que el Ejército israelí estaba haciendo todo lo posible por aliviar la situación de los habitantes locales.

  "ESCUDOS HUMANOS"

  Pero quizá el ejemplo más patente de la pasividad del Tribunal Supremo, ha sido la saga legal del uso por parte del ejército de escudos humanos. Siete grupos palestinos e israelíes de Derechos Humanos han estado batallando para acabar con esta práctica desde mayo del 2002, creyendo que esto contraviene claramente al Derecho Internacional, sería casi imposible para el tribunal no pronunciarse. Nada más lejos, a pesar de varias vistas orales, comprobaron que se habían equivocado.

  El abogado palestino Marwan Dallal de Adalah, un ayudante legal para  la Sociedad de los Ciudadanos Palestinos de Israel, condujo el pleito. Dallal presentó su petición inicial contra la política de escudos humanos del ejército en mayo del 2002. Tras la invasión de Cisjordania que empezó el 28 de marzo, como parte de “la operación Escudo Defensivo”, los siete grupos de Derechos Humanos identificaron 4 practicas comunes del ejército que consistían en tomar a los palestinos como rehenes, o "escudos humanos": forzando a los individuos a entrar en los edificios indagando como señuelos, haciéndoles retirar a ellos los objetos sospechosos de las carreteras, exigiéndoles permanecer de pie en las posiciones militares para impedir el fuego de los palestinos armados y forzándoles a caminar delante de los soldados para protegerlos de los disparos.

  El uso de los palestinos como escudos humanos es posiblemente la más clara violación de los derechos humanos cometida por el ejército israelí, no sólo porque  los pequeños beneficios de "seguridad" logrados por el ejército se obtuvieron del muy alto coste de poner en peligro vidas civiles palestinas, "la táctica, sencillamente, asume que las vidas de los circunstanciales  palestinos son inferiores a las de los soldados", dice Dallal. Su punto de vista está respaldado por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, estas organizaciones consideran la toma de escudos humanos como un grave incumplimiento de la Cuarta Convención de Ginebra.

  Conforme a  Adalah, esta táctica viola siete artículos de la Convención. El artículo 51, por ejemplo, afirma: " La potencia ocupante no puede obligar a las personas protegidas a servir en sus tropas o fuerzas auxiliares." Aún más claramente, el artículo 28 dice: " La presencia de una persona protegida no puede ser usada para dejar inmunes ciertas áreas o puntos a las operaciones militares."

  Sin embargo, después de más de un año, de vistas orales, el Tribunal Supremo israelí ha rehusado interceder. Por el contrario, repetidamente a pospuesto vistas orales, permitiendo al ejército redefinir lo que constituye su táctica de escudos humanos y rehusado emitir normativas de reprobación cuando se ha demostrado que el   ejército ha actuado de mala fe.

    EL  "PROCEDIMIENTO DEL VECINO"

  En su petición original, Adalah aportaba varios testimonios de palestinos usados como escudos humanos. En uno de los casos, el 8 de  Abril del 2002 seis soldados israelíes informaron haber entrado en la mezquita de al-Baq en el casco antiguo de Nablus, la cual fue usada como hospital de emergencia. Según uno de los médicos que estaban dentro, Zahra al-Wawi, los soldados llegaron con sus armas apoyadas en los hombros de civiles palestinos.

  Estos testimonios estaban respaldados por los relatos de soldados rasos. Un sargento en la reserva, Nati Aharoni, dijo a la revista  semanal del ejército, Bamahaneh el 12 de Abril del 2002, sobre sus experiencias buscando un edificio en Qalqilya: " Habíamos entrado en el edificio en el pasado y nos temíamos que esta vez los palestinos habían dejado dispositivos explosivos para nosotros," fue citado al decir " así que de acuerdo con la práctica normal, el mando de la unidad tomó un palestino de una casa del vecindario e hizo que diera un vistazo por el lugar. Entonces le estrechamos la mano y le dimos las gracias."

  El ejército rehusó admitir haber adoptado jamás semejantes prácticas pero evitó una normativa del tribunal al prometer "emitir inmediatamente un orden determinante" prohibiendo usar a los civiles " como un medio de  "escudos humanos" (soldados) contra el fuego de los ataques terroristas" y "clarificar" por sus mandos que los palestinos no podían ser forzados a entrar en edificios a menos que el mando estuviera seguro que no eran puestos en peligro. El Tribunal Supremo se mostró de acuerdo con estos términos, rehusando dictar una orden, a pesar de las objeciones de Adalah de que semejantes decisiones tomadas  por los soldados en nombre de los civiles palestinos todavía violaban el Derecho Internacional y que los mandos podían no saber si las vidas de los civiles eran puestas en peligro.

  El problema resurgió en agosto del 2002 cuando a un palestino de 19 años,  Nidal Abu Muhsin, le dispararon originándole la muerte en la ciudad cisjordana de Tubas, cuando fue forzado por el Ejército israelí a llamar a una  puerta del vecindario. Adalah volvió al tribunal, logrando la promesa del ejército sobre la seguridad de esa táctica que declaraba esta vez, llamándola el "procedimiento del vecino" - soldados usando a civiles palestinos para realizar funciones militares-. Dallal afirmó que la frase era un mero eufemismo del uso de escudos humanos. El tribunal emitió una prohibición temporal  para dar al Estado una oportunidad de aportar detalles de tal práctica.

  Pero  Adalah fue forzado a apelar nuevamente al tribunal en noviembre después de que tuviera claro que el ejército continuaba usando a civiles como escudos humanos, violando la prohibición del Alto Tribunal. B'tselem aportó cinco detallados casos de civiles palestinos tomados como escudos humanos por el ejército. Adalah solicitó que el  primer ministro Ariel Sharon, el ministro de Defensa Shaul Mofaz y el jefe del Estado Mayor  Moshe Yaalon fueran declarados en desacato al tribunal. El tribunal nuevamente pospuso las actuaciones, dando tiempo al Estado israelí para responder a las acusaciones. Mientras tanto, a finales de diciembre, Adalah y B'tselem presentaron además otros cuatro ejemplos de civiles palestinos tomados como escudos humanos. En un caso registrado por B'tselem, el 9 de noviembre del 2002 Khalid Kamil de 39 años, y padre de tres hijos, fue obligado a punta de arma de fuego a entrar en la casa de un líder del Movimiento Jihad armado para decirle que se rindiera. Kamil fue expuesto más  tarde al fuego de un violento combate armado.

  En lugar de usar la masiva evidencia para empezar un procedimiento de desacato contra el Ejército israelí, el Tribunal Supremo, por el contrario,  escogió reducir el alcance de la prohibición, en enero del 2003 aprobó una práctica ahora etiquetada como " aviso previo" - los palestinos serían usados por los soldados para "asistencia." El ejército acordaba aplicar dos condiciones: El mando debía determinar que los civiles no eran puestos en peligro, y que los participantes estuvieran de acuerdo en ayudar. Las objeciones de Adalah de que toda "asistencia" a un ejército es inherentemente peligrosa y que ningún palestino se ofrecería voluntario a semejantes operaciones, fueron rechazadas por los jueces

  DECLINANDO INTERVENIR 

  En febrero, abril y mayo de 2003, Adalah estaba de nuevo en el Tribunal Supremo israelí con más casos de palestinos usados como escudos humanos, incluyendo un incidente fotografiado por un pacifista israelí. En un típico testimonio, el palestino Samer Sharif de 21 años, de Nablus, afirmaba que el 21 de Enero del 2003 fue puesto en la cubierta de un Jeep, esposado a la ventana de espaldas al conductor. El jeep entonces se dirigió hacía unos jóvenes palestinos que lanzaban piedras; uno de los soldados les disparó desde detrás de la cabeza de Sharif.

  El tribunal no emitió una decisión sobre el “aviso previo” ni inició un procedimiento por desacato a ninguno de los auditados. También ignoró la opinión experta del profesor de Derecho Eyal Benvenisti de la Universidad de Tel Aviv que argumentó que el procedimiento del “aviso previo” era todavía una violación de la Convención de Ginebra.

  Más recientemente, el 8 de julio de este mismo año, el tribunal se reunió para escuchar una nueva proposición de Adalah. Esta vez los abogados llegaron provistos no de afidávits de palestinos sino de un soldado israelí.  Gedalia Etzion, de 39 años, de Jerusalén; dijo que durante su último servicio en la reserva en febrero a su unidad le fueron dadas instrucciones sobre el “aviso previo”. Según Etzion, el tema del consentimiento fue tratado como una broma por sus mandos. " Un tipo preguntó que haríamos si los palestinos no estaban de acuerdo en servir como escudos humanos, a lo cual el instructor contestó – sonriendo abiertamente y bromeando -- 'No hay tal cosa.'" Así como la otra condición  - que un civil no será puesto en peligro  - no fue mencionada para nada.

  La vista oral ofrecía pocas esperanzas de que el Tribunal Supremo israelí fuera la salvaguarda de los derechos de los palestinos. Los jueces nuevamente pospusieron el caso para una fecha indeterminada, cuando dijeron que debía ser auditado por un jurado ampliado de tres jueces. No emitieron ningún procedimiento de desacato al tribunal o a la  orden de “aviso previo”, lo que permitirá que esta continúe.

  POLÍTICA DE LA LEY

  Bajo la Cuarta Convención de Ginebra de la que Israel es un signatario, los residentes civiles de un territorio ocupado son “personas protegidas” y deben ser salvaguardadas por la potencia ocupante. Aunque la ONU y las más  altas partes contractuales de las Convenciones de Ginebra concluyen que la Cuarta Convención de Ginebra es aplicable en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, las autoridades israelíes han aducido tradicionalmente que no, puesto que no reconocían el poder “soberano” cuando Israel tomó estos territorios en 1967.

  Israel emborrona algo el cuadro acordando implementar las provisiones de la Convención "de facto" - diciendo, en efecto, que aunque la Convención no es obligatoria en los Territorios Ocupados, Israel respetará sus provisiones porque ha elegido hacerlo. Cuando Israel no respeta la Convención, sus abogados pueden recurrir a la argucia de que no es aplicable en todos los casos.

Pero el fracaso del Tribunal Supremo para revocar las ilegitimas  políticas de  la ocupación israelí tiene raíces políticas más que justificaciones legales. Los 14 jueces del tribunal, como miembros de una sociedad cuyas metas y valores comparten, no son inmunes a los miedos al mismo interés común que el público judío en general. Esto fue netamente ilustrado en una vista oral ante el tribunal para detener los “asesinatos selectivos” en enero del 2002. Antes de rechazar la petición, el juez Michael Cheshin – en una tabla de tres - expresó un concedido interés en querer que la política de asesinatos continuara si ello significaba que su hijo, que estaba sirviendo en el Ejército israelí, no tendría  que aventurarse en áreas peligrosas para efectuar arrestos. "Mi hijo va a esos territorios (palestinos) y yo no quiero ponerlo en peligro," dijo a los abogados de Derechos Humanos.

  Aunque una encuesta de opinión muestra que la opinión publica israelí tiene al tribunal en alta consideración, aún tiene en más alta estima al ejército. La opinión pública es improbable que apoye fallos negativos sobre la conducta del ejército. El juez jefe del Tribunal Supremo, Aharon Barak, ha reconocido implícitamente este hecho, escribiendo que el tribunal “ debe tener en cuenta el consenso social."  También, el activismo a menudo atribuido al tribunal en la esfera doméstica –- juicios aplicados a ciudadanos israelíes únicamente – se ha  ganado una reputación en la derecha israelí como un baluarte del liberalismo pervertido. El tribunal resiste las amenazas periódicas de ser reemplazado por un más popular Tribunal Constitucional, que seria, al menos parcialmente, elegido por los políticos.Las interferencias polémicas del tribunal en los Territorios Palestinos Ocupados constituirían una  indudable presión a favor de su disolución.

Lo más importante, el Tribunal Supremo ha aceptado debidamente la premisa del sionismo de que el interés de Estado de Israel prima sobre todas las otras consideraciones, incluido, evidentemente, el Derecho Internacional. En disputas entre el Estado y los palestinos, el tribunal ni es ni puede ser neutral. Así cuando el Estado despliega el argumento de que una política específica es necesaria para la seguridad israelí, el tribunal esta debidamente amarrado al consentimiento, como se ha evidenciado. Como Kretzmer observa, " La base narrativa dominante es que el estado está siendo atacado, las autoridades están intentando protegerlo y el último deber del tribunal  es ayudarlos en esta tarea." Los casos sometidos para proteger los derechos humanos de los palestinos son, por lo tanto,  probablemente más una  prueba para los nervios de  la magistratura o para sus asunciones ideológicas que de los principios legales.

  * Jonathan Cook es un periodista.

4 agosto de 2003

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Para antecedentes en la aplicación del derecho internacional a los Territorios Ocupados, ver Richard Falk, "International Law and the al-Aqsa Intifada,"

Middle East Report 217 (Winter 2000). El artículo en su versión inglesa está disponible en esta dirección en: http://www.merip.org/mero/mero.html