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La Fiscalía de la
Audiencia Nacional
cree que el Tribunal
Penal Internacional
(TPI) debe
investigar el ataque
a la Flotilla de la
Libertad que el
Ejército israelí
llevó a cabo el 31
de mayo de 2010 en
aguas
internacionales
frente a las costas
de la Franja de Gaza,
y que se saldó con
nueve muertos y 38
heridos, al tratarse
de hechos que
podrían tipificarse
como "delitos de
lesa humanidad y
crímenes de guerra".
El fiscal Pedro
Martínez Torrijos ha
solicitado al juez
de la Audiencia
Nacional Pablo Ruz
que archive las
diligencias previas
de julio de 2010
tras recibir una
querella presentada
por tres ciudadanos
españoles, y
traslade la causa al
Ministerio de
Justicia para que el
Gobierno valore la
posibilidad de
llevar el caso ante
la Fiscalía del TPI.
La querella, que
también impulsaron
la Asociación
Cultura y Paz y el
Comité de
Solidaridad con la
Causa Árabe, se
dirigía contra el
primer ministro
israelí, Benjamin
Netanyahu, otros
seis cargos de su
gobierno y un alto
mando militar por un
supuesto delito de
lesa humanidad con
resultado de
detención ilegal,
deportación y
tortura.
CRÍMENES DE GUERRA
En su informe de
competencia, que el
juez le reclamó en
julio de 2010, el
Ministerio Público
considera que los
hechos denunciados
son "constitutivos
de delitos de lesa
humanidad y crímenes
de guerra", y están
contemplados en el
catálogo de hechos
que deben ser
investigados por el
TPI. Según la
Fiscalía, los
tribunales españoles
no ostentan
jurisdicción en esta
causa al "concurrir
con la jurisdicción"
del TPI, que es
"preferente" para
iniciar un
procedimiento.
Así, Martínez
Torrijos recuerda
que el artículo 7 de
la Ley de
Cooperación con este
tribunal establece
que la competencia
para presentar una
denuncia ante el
fiscal de este
tribunal corresponde
al Consejo de
Ministros a
propuesta de los
Ministerios de
Justicia y Asuntos
Exteriores, mientras
que el Ministerio
Fiscal y los órganos
administrativos que
reciban una denuncia
de estas
características
"archivarán el
expediente,
informando al
denunciante de la
posibilidad de
acudir directamente
ante el fiscal" del
TPI.
El titular del
Juzgado Central de
Instrucción número 5
envió sendas
comisiones
rogatorias a Turquía
e Israel y la
petición de
información al TPI
para preguntarles si
estaban investigando
estos hechos.
Asimismo, solicitó a
la ONU que le
enviara un informe
sobre la comisión
internacional creada
para investigar el
asalto al convoy que
llevaba ayuda
humanitaria a la
Franja de Gaza.
ABORDAJE DEL BARCO
La Flotilla de la
Libertad, formada
por seis barcos,
pretendía hacer
llegar ayuda
humanitaria a Gaza
desde Turquía. El
Ejército israelí
abordó y atacó el
barco principal de
la Flotilla, el 'Mavi
Mármara', el 31 de
mayo de 2010
causando nueve
víctimas mortales,
38 heridos y otros
tantos
desaparecidos.
Los tres activistas
españoles que
viajaban en el
convoy, Manuel
Tapial, Laura Arau y
David Segarra,
presentaron una
querella como
acusación
particular. En ella
solicitaban la
imputación no sólo
de Netanyahu sino
también de sus
ministros de
Defensa, Ehud Barak;
Asuntos Exteriores,
Avigdor Lieberman;
Inteligencia y
Asuntos Atómicos,
Dan Meridor; Asuntos
Estratégicos, Moshe
Yaalon; Interior,
Eli Yishai; el
ministro sin cartera
Benny Begin, y el
vicealmirante al
mando de la
operación, Eliezer 'Chiney'
Maron.
En concreto, los
tres españoles
denunciaron que
fueron "detenidos
ilegalmente en aguas
internacionales,
trasladados
forzosamente a
territorio israelí y
deportados a
territorio turco,
todo ello al margen
de lo estipulado en
el derecho
internacional y sin
perjuicio del
despojo sufrido de
sus pertenencias,
documentación y
material".
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