|
La comparecencia del
ex presidente
egipcio Hosni
Mubarak ante la
justicia parece
haberle dado
garantía a millones
de egipcios de que
su lucha
revolucionaria no
fue en vano. No
obstante, mientras
el mundo observa,
aún no está claro si
el ex mandatario
podrá participar en
todo el proceso.
No es inusual que un
acusado se presente
en una corte en
camilla, imagen que
puede beneficiarle o
no. Ya que el
público egipcio
dudaba del
compromiso del
tribunal con la
causa, la presencia
de Mubarak pudo
haber sido parte de
una estrategia del
gobierno de
transición para
infundir confianza.
Los juicios sobre
crímenes de pasados
regímenes en
sociedades en
transición casi
siempre afrontan
importantes
desafíos,
especialmente cuando
la transformación
política aún está en
marcha y la
reconstrucción de
las instituciones
del Estado todavía
no ha sido
concluida, como el
caso de Egipto.
El deseo de buscar
justicia es
entendible, dada la
gravedad de los
supuestos crímenes.
Sin embargo, el
apuro para celebrar
los juicios podría
tener resultados
indeseables.
Organizaciones de
derechos humanos,
abogados, jueces y
familias de las
víctimas han
expresado su recelo
sobre las
investigaciones
realizadas por el
fiscal general desde
el derrocamiento de
Mubarak. Esto puede
atribuirse a varios
factores, empezando
por el hecho de que
el propio ex
presidente designó
al fiscal antes de
abandonar el poder.
Bajo el régimen de
Mubarak, la oficina
del fiscal general
era habitualmente
acusada de ser una
herramienta para
silenciar a la
oposición. Según
activistas de
derechos humanos, la
fiscalía fue
cómplice de una
política de
impunidad.
Las investigaciones
también se ven
afectadas por el
continuado abuso de
poder por parte de
la policía, que
todavía no ha sido
sometida a un serio
proceso de
reestructura, a
pesar de las últimas
medidas del
ministerio del
Interior para
cambiar esa imagen.
Organizaciones
humanitarias
documentaron
numerosos casos de
testigos y
familiares de las
víctimas que fueron
presionados por
policías acusados de
matar a
manifestantes para
que cambiaran su
declaración o
impedir que
presentaran
denuncias.
La sociedad egipcia
sufre de un
creciente discurso
de venganza política
y una fuerte presión
popular sobre los
jueces para agilizar
los procesos. La
exigencia del
público es
comprensible dada la
gravedad de los
abusos, la falta de
transparencia en la
investigación y los
obstáculos para la
participación de las
víctimas.
Pero la urgencia no
tiene en
consideración las
garantías que deben
tener los acusados
ni lo complicado que
es investigar tal
magnitud de crímenes
políticos y
económicos. Es
difícil imaginar una
completa
investigación
profesional sobre
esos graves abusos
en estas
circunstancias.
Si los egipcios
quieren romper con
el pasado, deben
impulsar un proceso
judicial justo.
Además, esos juicios
constituirán un
documento histórico
del periodo de
transición. Por
tanto, un proceso
justo y prudente
está entre los
intereses de las
generaciones
presente y futura.
A pesar de la
importancia de
algunos pasos
recientemente dados
por el Consejo
Supremo Judicial
para hacer que los
procesos sean
públicos y para
garantizar la
participación de las
víctimas, se
necesitan otras
medidas para salvar
la brecha de
confianza con la
población.
El juicio a Mubarak
no puede ser visto
como parte de una
completa estrategia
para encarar las
violaciones del
régimen. Las
reformas más
importantes hechas
por el gobierno
interino han sido en
respuesta a la
presión pública, y
no basadas en una
política que atienda
a los varios
desafíos del proceso
de transición.
Por tanto, las
investigaciones y
las acusaciones de
abusos a los
derechos humanos
contra miembros del
antiguo régimen no
han ido más allá de
los cometidos
durante los 18 días
de la revolución
egipcia. No ha
habido ningún
esfuerzo para
encarar las décadas
de represión ni los
derechos de los
perseguidos en el
pasado.
Organizaciones
locales e
internacionales y
agencias de la ONU
han documentado
numerosas
violaciones a los
derechos humanos en
Egipto, como
torturas,
ejecuciones
extrajudiciales,
largas detenciones
arbitrarias y
desapariciones
forzadas.
Hasta ahora parece
que no hay voluntad
política para
investigar esos
crímenes y
responsabilizar a
los culpables, a
pesar de los
llamados de la
sociedad civil.
Procurar justicia ha
ayudado a unificar a
sociedades divididas
por conflictos y
autoritarismo. No es
una panacea para
todos los males de
la sociedad, pero
puede ayudar a que
ésta exprese los
dolores de su pasado
y vuelva a generar
la confianza en las
instituciones
públicas, dos pasos
necesarios para
caminar hacia una
sociedad más
abierta.
El momento político
en Egipto podrá
construirse sobre el
fortalecimiento del
imperio de la ley y
los derechos
humanos. Los juicios
a los símbolos del
antiguo régimen, con
Mubarak a la cabeza,
podrían dar ímpetu
hacia esa dirección.
No obstante, si no
se encaran los
desafíos que
amenazan la
integridad de esos
procesos judiciales,
se podría socavar
seriamente la
transición, así como
la confianza de la
población en el
sistema.
*Vicedirector del
Programa para Medio
Oriente y Norte de
África del Centro
Internacional para
Justicia
Transicional.
|
