israel y los refugiados

Se mire por donde se mire, el futuro de los palestinos expulsados de su tierra tras la implantación del Estado de Israel en 1948 es el asunto central de todo el proceso de paz. Habida cuenta de su complejidad, se ha tendido, desde Oslo I, a aplazar su resolución final. Aquí, lo mismo que en los apartados restantes, la estrategia israelí ha perseguido ganar tiempo y tratar de convencer a todo el mundo, palestinos incluidos, de que el retorno de los refugiados y desplazados es inviable y que la no renuncia a esta petición ha de entrañar el colapso del proceso. O con otras palabras, que seguir proclamando el derecho al retorno es “extremista e irrealista”. Sin embargo, desde la lógica, la ética hasta los valores humanitarios y las leyes internacionales sustentan la reivindicación de una “solución justa”, que tendría que pasar, en primer lugar, por reconocer el enorme perjuicio cometido a los palestinos, cosa que Israel se niega a hacer. La resolución 194 de 1948, referida por los partidarios del retorno y rechazada al igual que otras tantas por Israel, es tajante al respecto: “Se debería permitir que los refugiados que deseen regresar a sus casas y vivir en paz con sus vecinos puedan hacerlo en la fecha más próxima y factible, y que se debería pagar una compensación por las propiedades de quienes elijan no regresar y por la pérdida o daño de bienes...”[1] En la actualidad, sigue sin proporcionarse un marco de deliberación al respecto ya que los documentos oficiales no entran en detalles. De este modo, los más de seis millones de refugiados palestinos no disponen en los textos legales de una cobertura para sus reclamaciones y siguen a expensas de los vaivenes de sus representantes[2]. Los refugiados han expresado ya en encuestas y actos públicos que ni quieren renunciar a su derecho al retorno ni están dispuestos a naturalizarse en los países árabes. Pero los posicionamientos tradicionales de Abu Mazen, actual primer ministro palestino, no invitan al optimismo. En el ya citado documento Beilin/Abu Mazen, se abrían las puertas a la renuncia del derecho al retorno y se hacía un pronunciamiento en pro de su naturalización en los países árabes. Este punto fue retomado por Ehud Barak en sus “generosas propuestas” a los palestinos durante la reunión de Camp David II, cuando ofreció la creación de un fondo para compensar a los refugiados en los países de acogida. En realidad, parte de las propuestas de Barak, como la referida a los asentamientos, se inspiraban en el Beilin/Abu Mazen. En todo caso, la oferta de Barak, a pesar de que fue acogida por la prensa internacional como un “acto de sacrificio” israelí, no tenía nada de particular ni de generosa. Incidía en la línea de acción conocida: dar casi nada a cambio del sometimiento palestino.

La obsesión principal de los negociadores israelíes ha sido la seguridad (la de su estado y sus conciudadanos). Hasta tal punto que ha desplazado en orden de importancia a las otras grandes cuestiones que deberían delimitar el estatuto final o solución definitiva. Israel ha conseguido imponer, de nuevo, sus puntos de vista particulares sobre las medidas de seguridad y salvaguardia de sus propios intereses. Este interés se puede apreciar con claridad en los documentos fundacionales del proceso y, en especial, en los textos aportados desde el inicio de la segunda Intifada, muchos de ellos redactados por especialistas estadounidenses. Washington ha asumido las reclamaciones israelíes sobre los ataques “indiscriminados” de los palestinos y ha justificado asimismo lo que Tel Aviv considera “acciones de defensa”. Una vez más, y a despecho de su fabuloso poder bélico y sus excesos en los territorios ocupados, Israel aparece en el imaginario de muchos estadounidenses como la víctima propicia e indefensa de un entorno hostil. Tras acusar a las autoridades palestinas de no evitar o incluso de incitar las “acciones terroristas”, los gobiernos israelíes se han negado a cumplir acuerdos y han suspendido negociaciones. Las acciones suicidas, realizadas principalmente por organizaciones islamistas, han tenido un gran efecto mediático, administrado con maestría por Israel, entre 1993 y 2003. Pero a pesar de sus proclamas, las incursiones del ejército, los asesinatos selectivos y no selectivos, los bloqueos, los bombardeos y la represión ejercida sobre todo un pueblo exceden los límites de una supuesta acción de represalia para componer una estrategia en sí. Los dirigentes israelíes han manipulado a su antojo el concepto de la seguridad nacional para estrechar el cerco sobre la Autoridad Nacional y convertir el asunto en el eje central del proceso. La seguridad de los palestinos ni siquiera ocupa un lugar secundario, expuestos a los ataques indiscriminados del ejército israelí. Así se expresa una vez más la injusticia de un proceso marcado más por los intereses geopolíticos y estratégicos externos que por el deseo de garantizar una solución justa y duradera.

Desde Oslo I hasta la Hoja de Ruta abundan los documentos en los que se puede apreciar con claridad la prevalencia de la seguridad israelí. Dos de ellos ilustran el alineamiento de EE.UU. con las tesis israelíes. Este alineamiento se robusteció hasta límites insospechados tras la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca y, en especial, tras el 11 de septiembre, fecha que inauguró una visión sobre seguridad internacional y lucha contra el terrorismo que coincidía plenamente con la perspectiva israelí. El 21 de mayo de 2001 se dio a conocer el informe de la Comisión Mitchell, bautizada así en honor al presidente (ex senador estadounidense) de una delegación compuesta por cinco integrantes encargada de analizar las causas de la Intifada de al-Aqsa. La comisión se había formado tras la conferencia de paz de Sharm al-Shayj (Egipto) de octubre de 2000 y pretendía, entre otras cosas, restablecer la confianza entre las partes. Estamos, en primer lugar, ante un informe centrado en la cuestión de la violencia y la seguridad en la zona. Y aquí, nuevamente, puede apreciarse la orientación de EE.UU. La Intifada es asimilada una y otra vez a la palabra “violencia” mientras que las tropas de ocupación reciben el eufemismo de “personal de seguridad”, “fuerzas militares” y “fuerzas de seguridad”. Por cierto, que el término “ocupación” aparece como tal sólo cuando es puesto en boca de los palestinos. Nada se dice de las violaciones de derechos humanos ni de los excesos del ejército israelí. A lo máximo a lo que se llega es a condenar la “violencia” en general; por el contrario, parece ponerse el énfasis en que la parte palestina es la principal responsable del brote de violencia[3]

Una de las consecuencias directas del informe Mitchell es que certifica la tendencia de obviar los documentos internacionales que habían surtido la “bibliografía básica” del proceso de paz. Al no referirse a las resoluciones de las NN.UU. ni a las convenciones y tratados que rigen este tipo de conflictos, la Administración estadounidense, que respaldó el informe, acepta de forma implícita que nos hallamos ante una nueva realidad. Ésta, a su vez, se basa en los acuerdos adoptados en la “nueva era”, definida por las prioridades en materia de seguridad (según la visión israelí) y que arrumba cuestiones primordiales como los refugiados o el Estado palestino. Los textos utilizan, por lo general con toda la intención, un lenguaje etéreo y poco claro por lo que respecta a las obligaciones de la parte israelí, que casi siempre acaba anulando o reinterpretando los documentos según consideraciones propias. Por el contrario, cuando se trata de presionar a la Autoridad Nacional, los artículos resultan muy precisos. Por esta razón, las propuestas de arreglo han acabado, por lo general, ahogadas en sus propias contradicciones. Esto ocurrió también con el informe Mitchell, cuya senda fue seguida por el documento Tenet. Éste, director de la CIA, se había desplazado a la región para implementar el informe de su predecesor. La CIA había comenzado a desempeñar una labor relevante en las negociaciones bilaterales a raíz del Memorándum de Wye Plantation de 1998. En él se reconocía la potestad de la CIA para supervisar los acuerdos en materia de seguridad, lo que significa, habida cuenta de la estrecha relación existente entre los servicios secretos estadounidenses y sus homólogos israelíes, la salvaguardia de las prioridades securitarias de Tel Aviv. (La CIA formó e instruyó a las fuerzas policiales palestinas). Por todo ello, no es de extrañar que el documento Tenet ahonde en las líneas generales del informe Mitchell. Además, refuerza la línea de acción de aportar nuevas referencias documentales al proceso negociador. El primer párrafo dice que los “servicios de seguridad del gobierno de Israel y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) afirman el compromiso de cumplir los acuerdos de seguridad elaborados en la cumbre de Sharm al-Shayj en octubre de 2000 y en el Cairo, así como los principios de seguridad incluidos en el documento Mitchell”[4]

[1] Puede verse la resolución en inglés en Foundation for Middle East Peace (Documents), fmep.org/documents/UNGAR194.html.

[2] Se calcula que el número total de palestinos en todo el mundo es de 9,3 millones. De ellos un millón reside dentro de Israel y otros 3.6 millones en Gaza y Cisjordania. El resto se halla desperdigado por los países árabes (2,7 millones en Jordania por ejemplo) y el resto del mundo (poco más de medio millón). Datos de Centro Palestino de Estadística, enero de 2003 (al-Quds al-Arabi, 9-1-2003).

[3] El informe Mitchel fue traducido y presentado por Ignacio Álvarez-Ossorio en Nación Árabe, nº 45, pp. 61-71.

[4] “Documento Tenet”, presentación y traducción de Ignacio Gutiérrez de Terán, www.nodo50.org/csca, 19-6-2001.