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PSOE y PP ceden ante el chantaje de Israel y deciden atar las manos de la Justicia
Tras las protestas de Israel ambos partidos quieren que la Audiencia Nacional deje de perseguir a criminales de guerra.

   MUNDO ARABE.ORG, 03/06/2009
 

El Gobierno del PSOE prometió a Israel cambiar la ley en lo relativo a la jurisdicción universal y la persecución  a los criminales de guerra y ha cumplido. La promesa la hizo en enero el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a su entonces homóloga Tzipi Livni, ante la airada protesta diplomática hecha por Israel después de que la Audiencia Nacional abriera un proceso contra el ex ministro israelí Benjamin Ben-Eliezer y otros sietes militares por la matanza de 14 civiles en Gaza en 2002.

Tras el debate del “estado de la nación” y por amplia mayoría, 339 votos a favor y sólo ocho en contra, el Congreso de los Diputados aprobó limitar la jurisdicción universal penal, el principio que ha hecho posible que, en la actualidad, la Audiencia Nacional tramite 13 causas que van desde la investigación de delitos de genocidio en Guatemala o el Tíbet a crímenes de guerra israelíes en Gaza o a las torturas en Guantánamo.

La resolución, presentada por el PP y rectificada por el PSOE, restringe la potestad de los tribunales españoles y ata las manos de la Audiencia Nacional. Ahora, para que ésta investigue un delito cometido fuera de España "deberá quedar acreditado que los presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española".

Además, la enmienda específica que cualquier "proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente" en el momento en que haya constancia de que los mismos hechos están siendo juzgados "en el país donde se cometieron los hechos delictivos, o en el seno de un tribunal internacional".

La resolución en sí misma no hace efectiva la medida. En ella, el Congreso insta al Gobierno a trasladar la voluntad política a la legislación promoviendo "con urgencia" la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Varios aspectos fundamentales no detallados en la enmienda quedan por concretar en la reforma legal. Por ejemplo, en qué se traduce el principio de subsidiariedad, común en muchas legislaciones y por el cual un tribunal sobresee una causa si ésta se investiga donde se cometió el delito.

Este principio puede y ha sido usado por países poco amigos de los derechos humanos, como Sudán e Israel, para iniciar sus propias investigaciones sin garantías y pretender con ello que se sobresean las de cualquier órgano que actúa bajo el principio de jurisdicción universal. Para evitarlo, tribunales como la Corte Penal Internacional exigen que, para que se aplique la subsidiariedad, la investigación o proceso abierto tenga garantías.

Otra cuestión es la retroactividad. La medida no es retroactiva y, por tanto, no afecta a los procesos ya en marcha. Pero si la reforma incluye cambios procesales, la ley establece que se aplique el más favorable al reo, y ello sí afectaría a las causas abiertas.

 En una entrevista con el diario Publico, Gonzalo Boyé. Abogado de la querella presentada en la Audiencia Nacional contra Israel, declaró: “Que las víctimas se quedarán sin justicia y los verdugos gozarán de total impunidad. Es un retroceso grave y una falta de respeto a los votantes del PSOE, pues esta reforma no figuraba en el programa electoral del partido. Con esta decisión, el Gobierno demuestra que los intereses políticos y económicos son más fuertes que el amor al Derecho”. Y añadió: “Al Gobierno le interesó la justicia universal mientras se trataba de negros y suramericanos, pero cuando se presentan querellas sobre Guantánamo o Israel ya no quiere saber nada. Y esto no es justicia, sino oportunismo político.

En enero de este año, la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, de imputar al ex ministro de Defensa israelí, Benjamin Ben-Eliezer, y a otros seis militares un delito contra la Humanidad por un ataque en Gaza que causó 14 muertos en 2002, ha desatado la ira de Israel, donde el rechazo a la decisión del Juez y las críticas a España coparon los medios informativos.

La radio israelí había abierto el principal informativo con este asunto y la tensión llegó a tal punto que el entonces primer ministro, Ehud Olmert, y la ministra de asuntos exteriores, Tzipi Livni, alzaron el tono contra el Gobierno español por permitir a los jueces investigar este crimen. Incluso llegaron a sugerir al Ejecutivo que cambiase la legislación.  

Días después, fuentes oficiales del Gobierno israelí informaron que España les ha prometido cambiar la legislación, un hecho que ha sido posteriormente confirmado, al votar el Congreso de los Diputados – a finales de mayo- una resolución que pretende cambiar uno de los pilares del sistema jurídico español: la jurisdicción universal y la persecución contra los crímenes de guerra. .

Por su parte, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha defendido, en una entrevista con el diario El Mundo, que este tribunal instruya causas bajo el principio de justicia universal ya que considera que este tipo de jurisdicción "es una conquista y, como tal, debe mantenerse".

En una pregunta del diario Público al ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, sobre este asunto, Moratinos se limitó a decir que sólo se trataba de adaptar la jurisdicción universal, sin explicar a qué se refiere con esta adaptación.

Mientras PSOE y PP siguen adelante en su decisión para limitar las competencias de la Justicia, la sociedad civil y personalidad del mundo de la cultura han hecho un manifiesto en el que exigen al Gobierno “anteponer el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos a sus intereses políticos y rechazar las presiones económicas que pudiesen surgir al respecto”. Lee y difunde manifiesto

 

 

 

 

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