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______________________________________ Guerras, mentiras y corrupción De cómo
juzgar los crímenes del trío de las Azores Carlos Castresana Fernández
Aunque
no existe una definición universalmente aceptada del crimen de agresión ni de
sus supuestos de hecho, se admite generalmente su configuración negativa:
constituye agresión cualquier acción militar no necesaria para la defensa,
propia o de la comunidad. Según la sentencia de Nüremberg, se trata "del
más grave de los crímenes internacionales, porque en él se comprenden todos
los demás". El
problema que enfrentan estos días George W. Bush, Tony Blair y José María
Aznar es que las razones invocadas hace un año para justificar la guerra se van
desvaneciendo como el humo. Sabemos ya que no había armas de destrucción
masiva en Irak, que Sadam Husein no disponía de laboratorios móviles, que no
había comprado uranio a Níger y que no preparaba ninguna acción militar. Era
sólo un dictador, uno de tantos, cuyo poder estaba desgastado por la guerra del
Golfo y por una década de embargo y de bombardeos anglo-norteamericanos. ¿Por
qué, entonces, nos llevaron a la guerra? ¿Mintieron deliberadamente los
gobiernos norteamericano y británico, secundados por el español, al Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas y a la opinión pública mundial? Confrontados
a la inconsistencia de las razones argumentadas en su momento, Bush y Blair han
decidido endosar la responsabilidad a sus servicios de inteligencia y constituir
comisiones de investigación (Aznar no lo ha considerado necesario). A pesar de
ello, las declaraciones del director de la CIA, de los responsables
norteamericanos de la inspección de armas a Irak, del que fuera jefe de los
inspectores de la ONU, Hans Blix, y los datos revelados tras el trágico final
del científico británico David Kelly, indican que los servicios de
inteligencia apuntaron la sospecha de la existencia de las armas, pero nunca
dijeron que supusieran un peligro inminente. Fueron presionados, y sus informes,
manipulados y exagerados. Así
pues, si no fue por las armas, ¿por qué? ¿Para deponer al tirano y devolver
la libertad a los iraquíes, como ahora sostiene sin sonrojarse el presidente
Bush? Obviamente, no: sólo en el área del golfo Pérsico hay al menos una
docena de regímenes dictatoriales, cuya página de derechos humanos es tan
negra como su petróleo, que no son molestados en absoluto. Las
verdaderas causas de la guerra parecen encontrarse donde cabía sospechar desde
el principio: en el petróleo. Irak dispone de reservas estratégicamente
vitales para el funcionamiento regular de la industria norteamericana, y Sadam
Husein había comprometido a partir de 1995 la explotación de tan
extraordinarios recursos con la empresa rusa LukOil y la francesa Total;
norteamericanos y británicos, empeñados en el embargo por decisión de Bill
Clinton, no participaban del banquete. Los
datos que se van conociendo indican que la decisión de invadir Irak fue muy
anterior a la desautorización de las inspecciones de la ONU, y a la puesta en
escena de Colin Powell ante el Consejo de Seguridad; anterior incluso a los
atentados del 11 de septiembre de 2001, y presumiblemente no fue decidida en el
contexto de la seguridad nacional, sino en el de la elaboración del Plan Energético
Nacional que Bush encomendó a su vicepresidente, Dick Cheney, en enero de 2001,
nada más llegar a la Casa Blanca. Dos
organizaciones no gubernamentales han reclamado a Cheney la documentación del
Plan Energético y las actas de las reuniones secretas que mantuvo en la
primavera de 2001 con los directivos de Enron y de otras compañías (entre
ellas, Halliburton, la que Cheney presidió hasta 2000). Después de dos años
de proceso judicial, una de las demandantes, Judicial Watch, ha conseguido la
desclasificación de algunos documentos: contenían mapas de los campos petrolíferos
iraquíes, de sus oleoductos y refinerías, y detalles de los proyectos de
explotación y de las empresas extranjeras que pretendían
contratos de Sadam Husein. Cheney se ha negado a publicar las actas, ha sido
demandado judicialmente y condenado a divulgar todos los datos, pero ha apelado
al Tribunal Supremo. Allí, el recurso debe ser resuelto, entre otros, por el
magistrado Antonin Scalia, amigo personal del vicepresidente. Scalia ha sido
recusado, pero se ha negado a abstenerse porque, según él, el caso no afecta
personalmente a Cheney, sino a la función pública que éste desempeña. Para
Enron, el Plan Energético era cuestión de supervivencia. Arrastrada a la
insolvencia por la gestión fraudulenta de sus directivos, necesitaba una
urgente inyección de liquidez mediante la concesión gubernamental de nuevas
centrales de energía y prospecciones petrolíferas. La ayuda no llegó a
tiempo, la quiebra se precipitó y los directivos de Enron, incluido el amigo
personal de George W. Bush y financiador de su campaña electoral, Kenneth Lay,
enfrentan graves cargos criminales. Por el contrario, para Halliburton la guerra
ha supuesto enormes beneficios: ha obtenido contratos en Irak por valor de entre
12.600 y 16.800 millones de dólares. El
de Dick Cheney no es el único caso de confusión entre política y negocios en
el Gobierno norteamericano: son conocidos los vínculos de la familia Bush con
el petróleo (el propio presidente fue socio en el golfo Pérsico de los
familiares de Osa -ma Bin Laden); Condoleezza Rice fue ejecutiva de Chevron, y
Donald Rumsfeld es uno de los catorce miembros de la Casa Blanca que poseían
acciones de Enron y tuvieron la clarividencia de venderlas con grandes ganancias
poco antes de la quiebra. Todos ellos enfrentan ahora un problema adicional:
nadie quiere ya responsabilizarse de una guerra que ha costado a los
norteamericanos, hasta la fecha, 566 soldados muertos y 125.000 millones de dólares.
El que fuera coordinador antiterrorista hasta hace un año, Richard Clarke,
acaba de declarar ante la comisión de investigación de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 que Bush estaba obsesionado con Sadam Husein desde antes de
esa fecha, que le presionó para buscar un vínculo, que no consiguió
encontrar, entre Sadam y Al Qaeda, y que Rumsfeld propuso al Gabinete bombardear
Irak en lugar de Afganistán el día después del 11-S. El Pentágono, por su
parte, se ha visto obligado a retener los pagos e iniciar varias investigaciones
a Halliburton al conocerse que la empresa del vicepresidente Cheney suministró
alimentos en mal estado a los soldados norteamericanos, y vendió al Ejército
en Irak gasolina del vecino Kuwait a precios exagerados. El
Tribunal de Nüremberg rechazó el argumento de los allí acusados que, como
ahora Bush, Blair y Aznar, alegaron que la suya había sido una guerra
preventiva: les condenó señalando que "una acción preventiva en
territorio extranjero no se justifica más que en casos de una necesidad
inmediata y urgente de defensa que no permita en modo alguno escoger los medios
ni deliberar siquiera... lo que no ofrece paridad alguna con la dilatada
premeditación y preparación de las agresiones incriminadas en autos". La
guerra de Irak no es comparable, por muchas razones, con la Segunda Guerra
Mundial. Los principios jurídicos, sin embargo, son -tienen que ser- los
mismos: la guerra de agresión es un crimen, con independencia de la dimensión
del conflicto. Para las víctimas (más de 13.000 muertos, según BBC News), es
indiferente perder la vida en una guerra pequeña o grande. El fiscal británico
en Nüremberg, sir Hartley Shawcross, afirmó en 1945 que aquel juicio debía
servir "como advertencia para los gobernantes del futuro". El
norteamericano, Robert H. Jackson, aseguro entonces: "No podemos imponer a
otros normas penales que no aceptemos que puedan ser también invocadas contra
nosotros". La
doctrina vigente indica, pues, que cualquier acto de agresión constituye un
delito internacional, y que tal conducta sólo puede quedar exenta de
responsabilidad penal si quienes la cometen actúan amparados por una causa de
justificación tan grave, al menos, como la conducta misma. La fabricación
incontrolada por Irak de armas químicas o nucleares y su voluntad de usarlas
indiscriminada e inmediatamente, o de cederlas con el mismo fin a grupos
terroristas, hubiera justificado la conducta agresiva anglo-norteamericana, y
también la de sus cooperadores necesarios. No existiendo ese peligro, no siendo
desde luego inminente, la conducta no es excusable. Persistiría
aún en tal caso la posibilidad de un error que también podría excluir la
responsabilidad penal. ¿Actuaron los gobiernos de la coalición en la creencia
errónea pero fundada de que existía un peligro inminente, aunque a
posteriori se haya comprobado que no era así? En ese punto del debate
estamos en estos momentos. Si
Bush, Blair y Aznar no actuaron equivocados, creyendo de buena fe que se
encontraban ante una emergencia vital; si sólo actuaron, especialmente el
primero, para asegurar a su país una posición de ventaja en el mercado petrolífero,
su conducta sería delictiva y estaría ayuna de cualquier justificación
exculpatoria. ¿Será el contrato firmado por Sadam Husein con la empresa rusa
LukOil para la extracción de 70.000 millones de barriles de petróleo, más de
la mitad de las reservas iraquíes, lo que nos condujo a la guerra? Si
resultara, finalmente, que quienes tomaron las decisiones ejecutivas no hubieran
perseguido siquiera intereses económicos estratégicos, sino el lucro de sus
empresas, el crimen sería de gravedad extrema, y nos enfrentaría a una
realidad terrible respecto a quiénes y cómo nos están gobernando. En
España, la lectura del artículo 590 del Código Penal arroja después del 11
de marzo una sombra dramática sobre el Gobierno de Aznar: "El que con
actos ilegales o no debidamente autorizados... exponga a los españoles a
experimentar vejaciones o represalias...". La
impunidad se caracteriza por el vacío de jurisdicción: existen las normas,
pero no se aplican. Es el agujero negro de la justicia. Aun cuando, en aplicación
del derecho nacional e internacional, pudiera construirse una acusación
partiendo de los hechos ya demostrados, aunque pudiera sostenerse que se cometió
un crimen contra la paz y que se violaron deliberadamente los tratados vigentes,
es improbable que algún tribunal en el mundo administre justicia en este caso.
Alemania y Japón fueron vencidos antes de ser juzgados. No puede intervenir la
Corte Penal Internacional, porque el crimen de agresión no ha sido desarrollado
en el Estatuto de Roma, ni lo será hasta 2009. Tampoco cabe esperar un tribunal
ad hoc como
los constituidos para la ex Yugoslavia o Ruanda, porque cualquier iniciativa en
ese sentido recibiría los vetos norteamericano y británico en el Consejo de
Seguridad. A los tribunales nacionales les suponemos carentes de la
independencia y del poder que requeriría un proceso de esa naturaleza. Presumiblemente,
pues, el único tribunal que puede juzgar la guerra de Irak es el de la opinión
pública, cuyo veredicto, en las sociedades democráticas, se pronuncia en las
urnas. España ya ha juzgado. En Estados Unidos, la sentencia se conocerá en
noviembre. Carlos
Castresana Fernández es
fiscal Anticorrupción y profesor visitante de la University of San Francisco,
California. |
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El
concepto de guerra preventiva no ha sido inventado en 2002 por Condoleezza Rice.
Fue invocado en 1945 ante el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg por la
defensa de los principales jerarcas del Tercer Reich acusados del crimen de
agresión.
