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Artículo Las
verdaderas razones de George Bush Michael
Klare Desde
el momento de su toma de posesión, el presidente de EE.UU. se ha volcado en dos prioridades estratégicas: la modernización y el desarrollo de las
competencias militares de Estados Unidos y la adquisición de reservas
petroleras adicionales a partir de fuentes extranjeras. Estos dos objetivos,
pese a tener orígenes distintos, se han fusionado con la guerra
“antiterrorista” para conformar la estrategia coherente que dirige en la
actualidad la política exterior de los estadounidenses. La nueva estrategia no ha originado
una declaración de principios ni parece que Washington la haya formulado de
forma explícita. Es patente, sin embargo, que las tres prioridades, en
conjunto, han modificado profundamente la práctica militar estadounidense. El
análisis de algunas iniciativas recientes de este país nos permitirá
comprender la naturaleza de dicha revolución. Irak y el Golfo Árabe. Parece
indiscutible que la Administración Bush prepara una invasión en Irak con el
objetivo de derrocar a Sadam Husein y establecer en Bagdad un Gobierno pro
estadounidense. Para preparar dicha operación, el departamento de Defensa
refuerza su presencia militar en la región del Golfo. El objetivo declarado de
esta próxima invasión sería el de destruir la capacidad de Irak en cuanto a
producción de armas nucleares, químicas o bacteriológicas. Es evidente, no
obstante, que Washington está dispuesto a eliminar toda amenaza que se cierna
sobre la producción y el transporte de petróleo en la región. Según los
estrategas estadounidenses, se trata asimismo de asegurar la disponibilidad de
las amplias reservas petroleras iraquíes, es decir que no caigan bajo el
control exclusivo de las empresas petroleras rusas, chinas o europeas. Asia
Central y Cáucaso. Cuando, después del 11 de
septiembre, se desplegaron en la región las fuerzas estadounidenses, su única
finalidad –-la que confesaron entonces— era la de apoyar las operaciones
militares dirigidas contra los talibánes en Afganistán. Aunque los talibánes
fueron vencidos, parece que las fuerzas militares seguirán en la región para
llevar a cabo otra misión. Consistirá probablemente –EE.UU. ha decidido
acceder a las amplias reservas energéticas de la cuenca del mar Caspio— en
proteger la conducción del petróleo y del gas destinados a los mercados
occidentales. Hipótesis que apoya el envío de instructores militares a
Georgia, fase clave del oleoducto que une el mar Caspio y el mar Negro al
Mediterráneo, así como la decisión estadounidense de una base aérea en
Kazajstán, a orillas del Caspio. Colombia.
Hasta hace poco, el supuesto objeto
del compromiso militar estadounidense en Colombia era la lucha contra el tráfico
de estupefacientes. En los últimos meses, la Casa Blanca ha añadido dos nuevas
metas al programa de asistencia militar EE.UU.: combatir la violencia política
y el “terrorismo” practicados por la guerrilla y proteger los oleoductos que
transportan el petróleo de los yacimientos interiores hasta las refinerías
situadas en la costa. Para financiar estas nuevas prioridades, la Administración
de Bush pidió al Congreso que votara un aumento de la ayuda militar a Bogotá,
100 millones de dólares de los cuales iban a destinarse específicamente a la
protección de los oleoductos. Encontramos en estos ejemplos, y en
otros en todo el mundo, las tres grandes prioridades enunciadas anteriormente.
Pero lo que llama la atención es su fusión en una sola estrategia. A partir de
aquí resulta imposible comprender la dirección global de la política exterior
estadounidense sin tener en cuenta las implicaciones de esta integración. Para
hacerlo, es necesario examinar por separado estas tres prioridades y luego
analizar la forma en que se combinan. UNA
PRIORIDAD ABSOLUTA DE BUSH
Este objetivo, definido por el
candidato George Bush durante su campaña presidencial, se ha convertido
posteriormente en una prioridad absoluta de Gobierno. En un discurso clave,
pronunciado en Citadel (una prestigiosa escuela militar situada en Carleston, en
Carolina del Sur), Bush explicó, en septiembre de 1999, cómo contaba llevar a
cabo la “transformación” de los objetivos militares estadounidenses. Después
de haber afirmado que la Administración de Clinton no había conseguido ajustar
los programas militares a las nuevas realidades de la posguerra fría, el
candidato republicano se comprometió a efectuar una nueva valoración completa
de la estrategia de estados Unidos a fin de “empezar a forjar el ejército del
siglo que viene”. Esta transformación del ejército
tendrá dos objetivos principales: en primer lugar, asegurar la invulnerabilidad
del territorio, mediante la construcción de un escudo antimisiles, preservando
la superioridad estadounidense en el campo de las armas avanzadas; seguidamente
el desarrollo de la capacidad de EE.UU. para invadir ciertas potencias
regionales hostiles como Irak, Irak o Corea del Norte. Bush garantizó, pues, su
apoyo a la puesta a punto de un escudo antimisiles que proteja los cincuenta
estados de EE.UU., así como a la “revolución del pensamiento militar”, que
tiende a sistematizar la utilización del ordenador, de sensores perfeccionados,
de materiales “furtivos” y otras tecnologías avanzadas en los campos de
batalla. Según el presidente, esta política asegurará la supremacía
estadounidense “a largo plazo”. En el marco del segundo objetivo,
Bush formuló el deseo de desarrollar la capacidad de EE.UU. para “proyectar
el poderío”: en otras palabras, la capacidad de desplegar en territorios
lejanos unas fuerzas potentes, capaces de triunfar ante cualquier adversario.
Una ambición de esta índole exige la adquisición de nuevos equipos, como los
sensores avanzados y aviones sin piloto, pero también la reducción del tamaño
de las unidades que agilice su despliegue. Bush explicó: “Nuestras fuerzas
armadas tendrán que ser móviles, mortíferas y fáciles de desplegar con un mínimo
apoyo logístico. Hemos de ser capaces de proyectar nuestra potencia a muy larga
distancia, mejor en unos días o en unas semanas que en unos meses. En tierra,
nuestras unidades pesadas deben ganar movilidad; nuestras unidades ligeras,
capacidad mortífera. Todas tienen que ser más fáciles de desplegar”. Inmediatamente después de su toma de
posesión, Bush ordenó al ministro de Defensa que empezara a poner en práctica
sus disposiciones. “A petición mía, el ministro de Defensa Donald H.
Rumsfeld inició un detenido estudio de las fuerzas armadas estadounidenses”,
declaró el presidente a comienzos del año 2001. “Le concedo toda la libertad
para cuestionar es statu quo para concebir mejor la nueva estructura destinada a
defender EE.UU. y sus aliados”. Esta nueva estructura ha de basarse en gran
medida en las nuevas tecnologías, pero su orientación principal sigue siendo
la capacidad de proyectar rápidamente el poderío militar. Prosiguiendo con los
términos del discurso pronunciado en Citadel, Bush estima que las fuerzas
terrestres estadounidenses serán “más móviles y más mortíferas”; las
fuerzas aéreas, “capaces de golpear los objetivos lejanos con una precisión
absoluta” y que las fuerzas navales podrán “proyectar nuestro poder muy
lejos en tierra firme”. UNAS
FUERZAS ARMADAS QUE GOLPEAN DE FORMA DEVASTADORA
Estos
objetivos determinan a partir de este momento las orientaciones presupuestarias
del Pentágono a largo plazo. Así pues, en la presentación del presupuesto de
defensa para el año fiscal 2003 (comienza el 1 de octubre del año precedente),
que se eleva a 379.000 millones de dólares (un aumento de 45.000 millones con
respecto a 2002), Rumsfeld declaró: “Necesitamos unas fuerzas armadas de rápido
despliegue y totalmente integradas entre sí, capaces de llegar con rapidez a
los campos de batalla lejanos y cooperar con nuestras fuerzas aéreas y navales
para golpear a nuestros adversarios con prontitud, precisión y de forma
devastadora”. Y aunque se asignarán efectivamente unos medios adicionales al
escudo antimisiles y a la lucha contra el terrorismo, en realidad es la
capacidad de proyectar la potencia militar la que definirá las inversiones y la
organización de las fuerzas armadas en los próximos años. Después
del 11 de septiembre, ha hecho su aparición un nuevo concepto en el pensamiento
estratégico estadounidense: la idea según la cual EE.UU. debe poder emplear la
fuerza de forma preventiva contra potencias hostiles susceptibles de utilizar
armas de destrucción masiva. La Casa Blanca afirma, en efecto, que podría
demostrarse la necesidad de unos ataques preventivos para defender a los
ciudadanos estadounidenses frente a la amenaza que representan los “estados
malhechores”. Si para todo el mundo es evidente que una afirmación como esta
constituye un cambio radical en la estrategia americana, también es cierto que
coincide del todo con los otros dos objetivos de la Administración: asegurar la
invulnerabilidad de Estados Unidos y desarrollar su capacidad para invadir y
someter a potencias hostiles. La
segunda prioridad de la Administración –adquisición de nuevas reservas de
petróleo de países extranjeros—se detalló por primera vez en un informe del
Natioinal Energy Plicy Development Group, publicado el 17 de mayo de 2001. Este
documento, redactado por el vicepresidente Richard Chney, establece una
estrategia destinada a responder al aumento de las necesidades en cuanto a petróleo
de EE.UU. durante los próximos veinte años. Aunque el informe menciona ciertas
medidas destinadas a economizar energía, la mayor parte de propuestas que
contiene apuntan hacia el aumento de las reservas energéticas estadounidenses. Desde
el momento de su publicación, el informe Cheney desencadenó una doble polémica.
De entrada, porque recomienda el establecimiento de torres de perforación en el
parque nacional de Alaska, pero también porque sus autores tuvieron contactos
previos con Enron, hoy en quiebra. Esta polémica ha ayudado a silenciar otros
aspectos del informe, en especial aquellos que conciernen a las verdaderas
implicaciones internacionales de esta nueva política energética. Sólo
aparecen de forma clara en el último capítulo (“Afianzar las alianzas
globales”), que pretende remediar la penuria inminente de petróleo aumentando
las importaciones. Según
el informe, la dependencia estadounidense respecto al petróleo extranjero habría
de pasar del 52% del consumo total de 2001 al 66% en 2020. Al aumentar también
el consumo total, EE.UU. deberá importar, en 2020, un 60% más de petróleo que
en la actualidad, pasando así de 10,4 millones de barriles diarios a unos 16.7
millones. Sólo podrían conseguirlo si convencieran a sus proveedores
extranjeros para que incrementaran su producción y vendieran más cantidad de
crudo a EE.UU. DOS OBJETIVOS PRIORITARIOS De
todas formas, la mayoría de países productores no disponen de los recursos
económicos necesarios para el desarrollo de sus infraestructuras petroleras o
bien no están dispuestos a permitir que unos clientes americanos dominen su
producción energética. Consciente de este extremo, el informe recomienda a la
Casa Blanca convertir el desarrollo de las importaciones petroleras en “una
prioridad de nuestra política comercial y exterior”. A fin de responder a las
necesidades del país, el informe aconseja en especial a la Administración que
se concentre en dos objetivos. El
primero consistente en aumentar las importaciones procedentes de los países del
Golfo Arabe, que poseen alrededor de dos terceras partes de las reservas energéticas
mundiales. Puesto que no existe otra región en el mundo que pueda aumentar su
producción con tanta rapidez, el informe recomienda llevar a cabo unos enérgicos
esfuerzos diplomáticos encaminados a convencer a Arabia Saudí y a sus vecinos
para que dejen en manos de las empresas estadounidenses la responsabilidad de
llevar a cabo importantes trabajos de modernización de sus infraestructuras. Segundo
objetivo: aumentar la “diversidad” geográfica de las importaciones de
Estados Unidos, a fin de reducir las consecuencias económicas de los futuros
sobresaltos de una región crónicamente inestable. “La concentración de la
producción petrolera en una sola región del mundo puede contribuir a la
inestabilidad del mercado”, precisa el informe. Por consiguiente, “la
diversificación de las fuerzas de abastecimiento tiene una importancia
capital”. Para promoverla, el informe sugiere una estrecha colaboración con
las empresas estadounidenses del sector energético, destinada a aumentar las
importaciones a partir de la cuenca del mar Caspio (especialmente de Azerbaiyán
y de Kazajstán), del África subsahariana (Angola y Nigeria) y de América
Latina (Colombia, México y Venezuela). Pero
el informe Cheney olvida precisar lo que todo lector, por poco informado que esté,
debe concluir a la fuerza: todas las regiones señaladas como posibles fuentes
de petróleo son inestables o mantienen fuertes sentimientos antiamericanos,
cuando no se dan ambas condiciones a la vez. Pese a que determinadas partes de
las elites de estas regiones se muestran favorables al desarrollo de la
colaboración económica con Estados Unidos, otros sectores de la población
rechazan a menudo esta idea, por cuestiones de nacionalismos o por razones económicas
o ideológicas. Por tanto, las tentativas estadounidenses encaminadas a comprar
más petróleo a estos países corren el riesgo de encontrarse con distintas
formas de resistencia, que podrán llegar hasta el terrorismo u otro tipo de
violencia. Por tanto, el informe implica unas consecuencias relativas a la
seguridad que tienen una importancia considerable respecto a la estrategia
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