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En la mañana del 13
de septiembre de
1993, Mahmud Abbas,
uno de los
arquitectos de los
Acuerdos de Oslo,
seguramente no pensó
que dieciocho años
después estaría
lidiando con lo
mismo con que los
presentes en ese
momento parecían
estar de acuerdo y a
punto de firmar. Ni
él, ni ninguno de
los palestinos
presentes en los
jardines de la Casa
Blanca, querían
creer lo que cuatro
años antes, en el
Palacio Real de
Madrid, dijo el
entonces primer
ministro israelí,
Yitzhak Shamir:
“Centrarse... en la
cuestión
territorial, llevará
rápidamente a un
callejón sin
salida”.
El hombre que
ocupaba la silla
situada justo detrás
de Shamir miraba de
reojo a la
Delegación palestina
y movía la cabeza,
asintiendo lo que
acababa de decir su
jefe. Aquél hombre
era el portavoz de
la Delegación
israelí en la
Conferencia de
Madrid de 1991 y,
ahora, veinte años
después, es el
primer ministro de
Israel, Benjamín
Netanyahu.
Han pasado
prácticamente dos
décadas desde que
árabes e israelíes
se sentaron frente a
frente en Madrid,
buscando una salida
global y negociada
para los territorios
árabes – palestinos,
sirios, libaneses y
jordanos- que Israel
ocupó en 1967 y
1982. El conflicto
entre Israel y
Jordania, comparando
con el caso de
palestinos, sirios y
libaneses, fue sobre
cuestiones de poca
envergadura, como la
demarcación de la
frontera y los
recursos hídricos, y
fue resuelto con un
acuerdo que
favorecía a Israel,
permitiéndole seguir
donde estaba, a
través de una
fórmula
–literalmente- de
arrendamiento. Esta
fórmula de
arrendamiento de
territorio y
recursos era
imposible de aceptar
en el caso de Siria,
dada la importancia
estratégica de los
Altos del Golán (sus
abundantes recursos
hídricos y ubicación
geográfica en la
frontera de cuatro
países) y su tamaño
de 1.200km². El
rechazo de Israel a
una retirada total
de este territorio
sirio, basada en la
resolución 242 de la
ONU, y su
insistencia en la
“fórmula de
arrendamiento” de
una parte de los
Altos del Golán,
pusieron fin al
precoso de
negociaciones entre
ambos países.
El fracaso del
diálogo entre Siria
e Israel, significó
también la
paralización de la
negociación con el
Líbano, rompiendo
así el pilar más
importante del
proceso iniciado en
la Conferencia de
Madrid: la solución
global. Este pilar
del proceso fue
construido sobre la
idea de que hubiese
negociaciones
simultáneas y sobre
todas las cuestiones
conflictivas, el
avance en una vía no
significaba un
acuerdo automático,
sino un avance a la
espera de otros
avances en las
negociaciones que
llevaban a cabo las
otras delegaciones
con Israel. Pero lo
que empezó como un
proceso de paz que
buscaba una solución
integral al
conflicto entre
Israel y sus
vecinos, al cabo de
dos años, terminó
necesitando de otras
fórmulas que
pudiesen reanimar el
proceso de paz, al
menos en el carril
palestino-israelí.
Los sirios y
libaneses siguieron
fieles a las bases
del proceso de paz
acordadas con
Estados Unidos y la
ONU antes de llegar
a la Conferencia de
Madrid, e insistían
en que un acuerdo de
paz sería únicamente
posible mediante la
aplicación de las
resoluciones de la
ONU y la retirada
israelí de los
territorios
ocupados. Es decir,
sirios y libaneses
entendieron
correctamente la
estrategia del Likud:
hablar de todo menos
la cuestión
territorial.
Dada la hegemonía
estadounidense tras
el fin de la Guerra
Fría y el poyo
incondicional a
Israel, ningún
gobierno israelí
tenía prisa para
resolver el
conflicto con Siria
y el Líbano. Estos
dos últimos países,
sabiéndose en un
momento de debilidad
política y en un
mundo unipolar,
tampoco tenían prisa
para firmar un
arreglo cualquiera.
Esperar resultaba
más razonable que
ceder.
Los palestinos, por
el contrario, no
tenían este margen
de maniobra. Debían
aferrarse al proceso
de paz para no
terminar siendo
olvidados, sin
aliados y acosados
por un Occidente
aliado prácticamente
incondicional de
Israel. Lo
importante para la
OLP no era la
aplicación inmediata
de las resoluciones
de Naciones Unidas
242, 338 y 194, sino
el mantenimiento de
un proceso que las
tuviera en cuenta
como una referencia
sustancial para una
futura solución
negociada. Negociar
significaba mantener
viva la solución de
dos Estados.
Para la derecha
israelí, la
descolonización
territorial era la
más complicada de
asumir en el proceso
y, por tanto, había
que crear lo máximo
posible de hechos
consumados sobre el
terreno e imponer
alteraciones
demográficas que los
negociadores
israelíes
utilizarían durante
las negociaciones
para obstaculizar el
diálogo y, además,
servir parcialmente
como supuestas
concesiones en caso
de un hipotético
acuerdo. Esta
doctrina de
construcción masiva
de asentamientos
implantada por el
Likud fue abrazada
también por el
Partido Laborista.
Ambos la
materializaron
mediante la
instalación masiva
en Cisjordania y
Jerusalén Oriental
de inmigrantes
judíos llegados a
Palestina desde la
ex Unión Soviética.
De hecho, el número
de colonos en los
territorios ocupados
palestinos en 1991,
año en que se
celebró la
Conferencia de
Madrid, no superaba
los 100.000 colonos.
Hoy, después de
veinte años de
negociaciones, el
número de colonos
israelíes supera los
500.000. La
imposibilidad de
decidir sobre el
terreno, debido a
los hechos
consumados, hizo que
los palestinos se
fijasen más en su
posición
internacional y
tratasen de mejorar
su reconocimiento en
el exterior con el
fin de relanzar el
proceso. Este
esfuerzo parece
estar hoy a punto de
ser recompensado.
Durante todos estos
años, los israelíes
trataron de
materializar las
ideas de Yitzhak
Shamir, quien
declaró en la mañana
del 31 de octubre de
1991, en el Palacio
Real de Madrid, que
“Sería lamentable
que las
conversaciones se
centrasen primordial
y exclusivamente en
el tema territorial.
Es el camino más
rápido a un callejón
sin salida”. La
cuestión primordial
para los israelíes
ha sido y es la
gobernabilidad de la
población palestina
que vive en
Cisjordania y Gaza,
y las vías posibles
para que tengan un
autogobierno que
administre sus
asuntos civiles de
forma autónoma.
Siguiendo esta
doctrina sionista
sobre el futuro de
los palestinos de
Cisjordania y Gaza,
el Gobierno israelí
impuso desde el
principio la
exclusión de las
cuestiones de
Jerusalén, los
refugiados, los
asentamientos
israelíes, la
seguridad y las
fronteras en los
Acuerdos de Oslo,
prometiendo tratar
de “aclararlos”
en una segunda fase,
al cabo de cinco
años.
Esa segunda fase,
mencionada en los
Acuerdos de Oslo,
debía haber llegado
en mayo de 1996,
pero nunca llegó. En
su lugar, se
intensificó la
construcción de los
asentamientos, esta
vez, por parte del
gobierno del Partido
Laborista y, seis
años después, la
construcción del
muro de 721 km. que
sitia y encierra en
un callejón a la
población palestina
de Cisjordania.
Hoy, el callejón sin
salida que prometía
Yitzhak Shamir se ha
convertido en una
realidad. Benjamín
Netanyahu, entonces
su portavoz y ahora
primero ministro,
sigue la línea
marcada en el
invierno de 1991.
Nada más llegar al
poder, con el apoyo
de la extrema
derecha formada por
inmigrantes
procedentes de la ex
Unión Soviética,
mandó ampliar los
asentamientos en
Cisjordania y
Jerusalén Oriental,
acelerando incluso
la confiscación de
tierras y
propiedades
palestinas.
Ni Obama, a pesar de
sus promesas
realizadas hace
ahora un año en el
Cairo, ni la UE han
sido capaces de
detener esta
política de hechos
consumados. La falta
de seriedad de los
patrocinadores del
proceso hizo que
Abbas buscase
fortalecer la
dimensión jurídica
en un intento de
forzar a Israel a
tomar en serio las
negociaciones. El
pasado otoño,
mientras almorzaban
en Ramala, Qais
Assamrai -el hombre
que hace cuatro
décadas diseñó la
estrategia de paz de
la OLP- le dijo a
Abbas: “Un
reconocimiento
masivo del Estado de
Palestina
permitiría, en
última instancia,
acudir al TPI”. El
presidente parece
que le ha hecho
caso.
Los palestinos,
viendo la
indiferencia de la
comunidad
internacional ante
la agresividad
territorial israelí,
y teniendo en cuenta
los acelerados
cambios que recurren
el Mundo Árabe, al
parecer consideran –
y quizás con
bastante razón- que
se acerca un nuevo
orden regional que
puede repercutir en
una mejora para el
futuro de Palestina.
Acudir al Consejo de
Seguridad de la ONU
en busca del
reconocimiento de un
Estado palestino de
pleno derecho, a
pesar del anunciado
veto norteamericano,
podría ser el punto
de inflexión -con
método indirecto- en
la política exterior
de EEUU y su
relación con Oriente
Próximo que, de
todos modos,
necesitaría
rediseñar debido a
los cambios
impensables hace tan
sólo un año.
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