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El Sáhara Occidental,
obstáculo en la construcción magrebí

Bernabé López García y Miguel Hernando de Larramendi
Real Instituto Elcano

Mundoarabe.org,25/03/2005
La década de los noventa se inició en el Magreb con aires de cambio. Los procesos de reforma política con los que los regímenes políticos intentaban contrarrestar su creciente déficit de legitimidad política fue acompañado en el ámbito de las relaciones intermagrebíes por la puesta en marcha de un proyecto de integración regional: la Unión del Magreb Árabe (UMA). La creación de esta organización regional fue, en gran medida, una respuesta a los cambios que habían comenzado a producirse en el ámbito internacional y regional.

El proceso de integración regional ha mostrado, sin embargo, su fragilidad y es un reflejo de las dificultades a las que se enfrentan las relaciones intermagrebíes. La debilidad de los lazos económicos y humanos entre los cinco países magrebíes hace que estas relaciones tengan un marcado carácter político, lo que las hace muy sensibles a los vaivenes y a la coyuntura política. Durante los años noventa la guerra civil argelina, el temor al contagio islamista y la no resolución del conflicto del Sáhara Occidental obstaculizaron las relaciones entre Argelia y Marruecos, las dos principales potencias regionales y por tanto los dos motores sobre los que debe sustentarse cualquier proyecto de integración regional. Las sanciones internacionales impuestas a Libia por su implicación en el atentado de Lockerbie, mostraron el alcance limitado de la solidaridad panmagrebí, que quedó de manifiesto cuando ésta era puesta a prueba por un orden internacional en transformación, empujando al régimen del coronel Gaddafi a reorientar sus prioridades exteriores hacia el espacio africano.

El proceso de integración regional magrebí fue interpretado como una respuesta frente a la evolución interna de la Unión Europea (UE) y a sus procesos de ampliación. La caída del muro de Berlín situó la cuestión de la ampliación hacia el Este en el centro de la agenda comunitaria, acrecentando los temores de un mayor aislamiento entre las élites magrebíes. En este tema, como en otros, acabaron prevaleciendo las lógicas de los Estados-nación por encima de los proyectos de concertación regional. Los países magrebíes fueron incapaces de presentar un frente unido y aceptaron de forma individual y separada una propuesta comunitaria de renovación de las relaciones euro-mediterráneas. El proyecto de Asociación Euromediterránea, lanzado en Barcelona en 1995, se marcaba como objetivo la creación de una zona de prosperidad compartida entre ambas orillas del Mediterráneo. Para ello proponía la firma de acuerdos de asociación entre la UE y cada uno de los países mediterráneos terceros, lo que debía facilitar la creación de una zona de libre comercio para el año 2010. Este enfoque, aunque defendía las bondades de la integración regional, perpetuaba las negociaciones bilaterales entre cada uno de los países magrebíes y las instancias comunitarias.

El fracaso de la UMA muestra las dificultades que tienen aquellos proyectos de integración regional, impulsados desde arriba, si no van acompañados de un tejido sólido de intereses que atenúe las inevitables dificultades a las que los procesos de ese tipo se enfrentan. Invocar retóricamente la complementariedad económica entre los países miembros no es suficiente para asegurar el éxito de un proceso que se ve obstaculizado por la dependencia comercial, industrial y alimentaria respecto a los países de la UE, así como por el lastre de una elevada deuda externa. La debilidad de los intercambios horizontales intermagrebíes, así como la dependencia de los mercados financieros internacionales, dificulta a medio plazo el éxito de cualquier tentativa de integración. Paradójicamente, han sido los procesos de reforma y liberalización económica de los años noventa, inspirados en las directrices del Fondo Monetario Internacional -salvo en el caso de Libia- los que han contribuido a aproximar las políticas económicas de los diferentes Estados magrebíes[1].

El bloqueo de la UMA también es consecuencia de la débil arquitectura institucional de la organización ya que para funcionar y adoptar decisiones necesita la unanimidad de los jefes de Estado. El Consejo Presidencial, integrado por los jefes de estado de los cinco países miembros, es el único órgano capacitado para adoptar decisiones. La concentración del poder decisorio en este único órgano contribuyó a que el funcionamiento de la organización fuera muy sensible a los vaivenes de las relaciones políticas y quedara bloqueado cuando surgieron diferencias entre los Estados miembros. Sin voluntad política no es posible avanzar en un proceso de integración económica lleno de dificultades técnicas, en el que el proceso de toma de decisiones queda restringido a los jefes de Estado de la organización reunidos en los Consejos Presidenciales.

La UMA se encuentra bloqueada institucionalmente desde mediados de los años noventa. Desde la cumbre de Túnez de febrero de 1994 no se ha reunido el Consejo Presidencial, lo que ha dificultado la adopción de decisiones necesarias para el avance del proyecto de construcción magrebí propuestas por las comisiones sectoriales[2]. En la cumbre de Túnez de 1994, a la que no asistió el coronel Gaddafi, el representante libio amenazó con la retirada de su país de la organización si el resto de estados miembros de la UMA no dejaban de cooperar con la ONU en la aplicación de las sanciones decretadas contra Trípoli. Este mismo motivo fue el invocado por Trípoli en 1995 para negarse a tomar el relevo en la presidencia de la organización. Argelia asumió entonces y hasta diciembre de 2003 dicha presidencia, fecha en que ésta pasó a Libia en un momento en el que Trípoli aceleraba su retorno a la escena internacional tras el fin de las sanciones. En diciembre de 1995 el rey Hasan II solicitó la suspensión de las actividades en un momento de tensión en las relaciones bilaterales con Argelia a causa del conflicto del Sáhara Occidental. El Comité de Seguimiento, encargado de organizar, planificar y supervisar a nivel ministerial las actividades de la organización, mantuvo congeladas sus reuniones entre 1995 y 2002, habiéndose reunido en tres ocasiones desde entonces, la última de ellas en diciembre de 2004. El Consejo Consultivo, en el que están integrados los representantes de los cinco Parlamentos nacionales, mantuvo congeladas sus actividades entre 1992 y 2002. La Universidad y la Academia de Ciencias Magrebíes funcionan más como instituciones libias que como instituciones magrebíes. Las 36 convenciones magrebíes adoptadas en el marco de la UMA, todas ellas fueron aprobadas antes de 1994. El bloqueo político de la organización paralizó la ratificación y entrada en vigor de la mayor parte de las mismas[3]. En mayo de ese año la Secretaría General de la organización redujo al mínimo el personal en su sede de Rabat. Pese a la congelación de las actividades, la organización ha continuado existiendo oficialmente y organiza periódicamente reuniones de expertos y en algunas ocasiones reuniones de ministros de los cinco países[4]. El secretario general de la organización, el tunecino Habib Boulares, la representa en foros regionales e internacionales[5].

El clima creado tras la elección de Abdelaziz Buteflika como presidente de Argelia en 1999 y la llegada al trono de Mohamed VI en Marruecos ese mismo año no se ha traducido en avances sustanciales en el proceso de integración regional, que continúa obstaculizado por diferencias bilaterales: acusaciones del presidente mauritano Uld Taya al régimen libio de financiar un frustrado intento de golpe de estado a finales de 2003 encabezado por el ex presidente Uld Haidalla, así como cruces periódicos de acusaciones dialécticas entre Argelia y Marruecos que, desde 1994, mantienen cerradas sus fronteras terrestres [6]. La no solución del conflicto del Sáhara Occidental proyecta cíclicamente inestabilidad a las relaciones argelino-marroquíes. Los dos últimos intentos del presidente argelino Abdelaziz Buteflika para reactivar el funcionamiento de la UMA en 2001 y 2003 concluyeron sin éxito. La convocatoria de un Consejo Presidencial en diciembre de 2003 en el que debía estudiarse la creación de una zona de libre comercio, fracasó en el último minuto una vez que el rey de Marruecos Mohamed VI y el presidente mauritano Uld Taya declinaran participar, y que el coronel Gaddafi solicitara un aplazamiento de la misma. La tensión entre Argelia y Marruecos aumentó durante el verano de 2004 cuando Argel rechazó aplicar la reciprocidad tras la supresión por parte de Marruecos del visado para los ciudadanos argelinos que visitan el país. El reconocimiento por parte de Sudáfrica de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en septiembre de ese año agudizó la tensión con el intercambio cruzado de reproches y acusaciones entre los Gobiernos de los dos países magrebíes.

Quince años después de la creación de la UMA las razones que impulsaron la creación de la organización no sólo no han desaparecido, sino que hacen cada vez más necesario el avance en el proceso de integración económica regional. La crisis de legitimidad de los dirigentes magrebíes no ha sido superada, aunque el nuevo contexto internacional ha permitido a los regímenes magrebíes justificar el creciente autoritarismo en el marco de la guerra contra el terrorismo lanzada por la Administración estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El nuevo contexto internacional ha permitido a regímenes como el argelino superar el embargo moral en el que se encontraba sumido desde hacía más de una década, tras el desencadenamiento de la guerra civil argelina, presentando ésta no como una consecuencia de la interrupción del proceso electoral de 1991, sino como un enfrentamiento anticipado a gran escala de la guerra contra el terrorismo[7]. La guerra contra el terrorismo también se ha convertido en un instrumento útil para el régimen tunecino de Zine el Abidine Ben Ali con el que contrarrestar las críticas de las organizaciones internacionales y de las asociaciones de defensa de los derechos humanos, en un contexto en el que las tesis neoconservadoras de algunos sectores de la Administración estadounidense defendían la necesidad de intervenir en Irak para hacer avanzar la democratización de la región árabe, acabando con la “excepción democrática” de esta área geográfica. El régimen libio de Muammar al-Gaddafi aprovechó los atentados del 11 de septiembre para acabar con su aislamiento de la sociedad internacional a causa de su implicación en los atentados terroristas contra los vuelos de la PanAm sobre Lockerbie (Escocia) en 1988 y el de UTA sobre Níger al año siguiente. La aceptación, por parte del régimen libio, de su responsabilidad en estos atentados favoreció el levantamiento de las sanciones internacionales impuestas por la ONU, Estados Unidos y la UE. El compromiso del régimen de Trípoli de abandonar sus programas de armas de destrucción masiva, así como su compromiso en la lucha contra el terrorismo internacional, le han permitido retornar a la escena internacional sin realizar un compromiso explícito de mejorar la situación de los derechos humanos o de iniciar un programa de reformas políticas, lo que puede comprometer la credibilidad del programa democratizador auspiciado en la región por la Administración de George Bush. En Marruecos, los atentados terroristas del 16 de mayo de 2003 han reforzado los tics autoritarios del régimen, congelando ciertas expectativas generadas por la llegada al trono de Mohamed VI en 1999.

En el ámbito regional, los avances en el proceso de globalización y la ampliación hacia el Este de la Unión Europea en mayo de 2004, sitúan a un Magreb desunido en una situación de inferioridad negociadora que puede perpetuar el subdesarrollo de la región. Los argumentos económicos vinculados al coste del no-Magreb[8], invocados por algunos sectores tecnocráticos magrebíes, no son suficientes para impulsar un proceso de integración regional. Ni los diferentes actores mantienen posiciones idénticas sobre dicho proceso, ni el compromiso de la UE va mucho más allá de la retórica bienintencionada y mediatizada por la percepción de la región en clave securitaria. Marruecos, cuyo objetivo prioritario en política exterior continua siendo conseguir el reconocimiento de la comunidad internacional a la marroquinidad del Sáhara Occidental, ha contrarrestado el bloqueo político del proceso de integración magrebí con el lanzamiento del Proceso de Agadir en 2001, que tres años después ha culminado con la firma de un acuerdo de libre comercio entre dos países magrebíes (Túnez y Marruecos) y dos países del Mashrek (Egipto y Jordania), todos ellos vinculados a la UE a través de acuerdos de asociación firmados con Bruselas. Rabat, que necesita la comprensión de la Administración Bush en la cuestión del Sáhara Occidental, ha firmado en marzo de 2004 un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Con esta impopular decisión para la opinión pública marroquí sobre un acuerdo cuyo impacto económico y comercial es limitado, Mohamed VI busca reforzar sus lazos estratégicos con Washington, presentándose como país modelo en el marco del proyecto estadounidense del Gran Oriente Medio. Paralelamente, las autoridades marroquíes perciben la Nueva Política de Vecindad de la UE como una oportunidad para alcanzar ese estatus reforzado en sus relaciones con Bruselas que Rabat persigue desde la década de los ochenta, cuando solicitó por primera vez su adhesión formal a la Comunidad Europea. El régimen argelino, por su parte, no parece predispuesto a renunciar a una tensión regional controlada en el Sáhara Occidental, en un momento en el que la guerra contra el terrorismo le ha permitido reforzar sus lazos con Estados Unidos, que ha ofrecido a Argel la negociación de un acuerdo de libre comercio en el marco del proyecto estadounidense de crear un Área de Libre Comercio en Oriente Medio (Middle East Free Trade Area). Aunque Libia reorienta su atención hacia el Magreb y el Mediterráneo a la búsqueda de un espacio de influencia regional en el marco de sus renovadas relaciones con Estados Unidos, cualquier avance en la integración política y económica regional pasa por la definitiva solución del conflicto del Sáhara Occidental que continúa hipotecando las relaciones entre Argelia y Marruecos.

La cuestión del Sáhara Occidental

El tema del Sáhara ha levantado pasiones en España. La responsabilidad de nuestro país como colonizador de la parte occidental del gran desierto norteafricano y la confusión en la descolonización, en un momento difícil de la historia española, explican en parte las “pasiones” suscitadas.

Están a punto de pasar treinta años de los Acuerdos Tripartitos y no se ha llegado aún a una solución definitiva a los problemas que suscitó. Durante este espacio de tiempo se ha asistido a una larga secuencia de hechos que constituyen los jalones básicos de una historia que exige una despasionalización en el análisis si queremos entrar en la fase de encontrar una solución que salvaguarde los intereses de las poblaciones concernidas. La secuencia de hechos es bien conocida y sería más o menos la siguiente: El reparto del territorio entre Marruecos y Mauritania a que dieron lugar los Acuerdos Tripartitos de Madrid de noviembre 1975; el éxodo de decenas de miles de saharauis hacia la región de Tinduf en Argelia; la guerra emprendida contra los dos Estados ocupantes por el Frente Polisario; la posterior retirada mauritana que dio lugar a la ocupación marroquí de Río de Oro; la construcción de un muro para aislar de las infiltraciones guerrilleras a gran parte del territorio controlado por el Ejército marroquí; la aceptación por el rey Hasan II en Nairobi en 1981 de la vía refrendaria como el camino para llegar a una solución definitiva; las resistencias de las fuerzas políticas marroquíes que sólo admitieron la idea de un “referéndum confirmativo” de la marroquinidad del territorio; la reconciliación argelino-marroquí de 1988 que lleva al esbozo del primer plan de paz, que empieza a aplicarse en 1991 con un alto el fuego; el inicio del proceso de identificación de los votantes en el referéndum en 1994; las trabas que las partes -cada una en su estilo- opondrán al desarrollo del proceso; las negociaciones abiertas o secretas entre las partes que tendrán lugar en Marrakech, Ginebra, Tánger, Houston, Londres y Lisboa, ya bajo la mediación del estadounidense James Baker; la identificación de 135.667 saharauis hasta el 6 de julio de 1999, de los que fueron admitidos como censo provisional 84.251 electores; las reclamaciones marroquíes sobre los 60.000 no estimados por la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINUSO); las tensiones surgidas en El Aaiún en septiembre de 1999 tras la entronización de Mohamed VI que motivaron el relevo de los responsables marroquíes del dossier sahariano, incluyendo la destitución posterior del todopoderoso ex ministro del Interior, Dris Basri; la esperanza de solución por medio de lo que se denominó la “tercera vía”, que se plasmó en una propuesta de James Baker en 2001 que incluía una amplia autonomía del territorio bajo soberanía marroquí, pero que no gustó al Frente Polisario ni a Argelia; el globo sonda lanzado en su visita al Instituto James Baker de Houston en noviembre de 2001 por el presidente Buteflika de una hipotética y nueva partición del territorio del Sáhara y, por último, una nueva propuesta de Baker en 2003 en el mismo sentido, pero que esta vez sí fue aceptada por el Frente Polisario pero asustó a Marruecos por la libertad que daba al movimiento independentista para defender sus tesis en el interior del territorio del Sáhara. Tras esta sucesión de hechos, una vez más, el impasse planea sobre este conflicto.

Pero no perdamos de vista el tema en su conjunto, para poder valorar en su justa medida sus diferentes elementos concretos. Los nacionalistas argelinos durante la guerra de liberación reclamaron la incorporación de los territorios saharianos y los restantes territorios del sur a Argelia, lo que Francia acabó concediendo tras su derrota y se formalizó mediante la autodeterminación de las poblaciones en el referéndum argelino del primero de julio de 1962. También los nacionalistas marroquíes reclamaban desde tiempo los territorios saharianos ocupados por España, la zona de Cabo Juby y la del Sáhara español, como parte integrante de Marruecos. Pero a la hora de negociar la independencia Francia decidió concederla en los territorios que controlaba, mientras la España franquista prefirió hacerlo sólo en la zona norte del protectorado, conservando los territorios de Ifni, Tarfaya, la Acequia Roja (Sakiet al-Hamra) y el Río de Oro (Uadi al-Dahab), aún a riesgo de la guerra que hubo de soportar en 1957 contra el Ejército de Liberación Marroquí y que le obligó a devolver Tarfaya en 1958, consiguiendo un plazo para prolongar su control del Sáhara Occidental.

En un artículo titulado “Sáhara y democracia en Marruecos” publicado por uno de los dos autores de este trabajo, Bernabé López García, en el diario El País el 17 de agosto de 1999, se planteaba que la deuda que España contrajo con el Sáhara y los saharauis fue la de no haber sabido preparar su incorporación a Marruecos en el momento de la descolonización. Una aseveración lejana del discurso único que se había venido configurando en España desde los años setenta, en el que la única salida legítima que se ha querido ver para la cuestión sahariana ha sido la de la independencia del territorio. Se defendía en aquel artículo que el Sáhara Occidental debió incorporarse a Marruecos en 1958 después de la guerra de Ifni, como se hizo con la zona contigua de Tarfaya. Pero no se hizo así, por presiones de Carrero Blanco, y lo que vino a continuación fue un cúmulo de errores políticos y de negociaciones a contracorriente de la opinión que han dejado como secuela una mayor incomprensión entre pueblos vecinos: españoles, marroquíes y saharauis.

Es útil recordar que, aunque no sea la opinión extendida en España, ni la de la España oficial del franquismo ni la de la España real de la democracia, también hubo voces que opinaron que se debía haber procedido en este sentido de descolonizar de un golpe. Un general español e historiador militar como Ramón Sálas Larrazábal  escribió que “nos equivocamos, sin duda, al pretender prolongar una presencia que era ya enojosa. Debimos aceptar la sugerencia de Eisenhower de mayo de 1956 y entregar a Marruecos toda nuestra África Occidental. Un año después tuvimos una segunda oportunidad. Si cuando las BAL se infiltraron en la entonces África Occidental española, antes de la provincialización, hubiéramos aprovechado para retirarnos, el problema del Sáhara no existiría, porque jamás se habría planteado, y si no nos hubiéramos empeñado en crear un Estado autónomo satélite, el Polisario permanecería inédito”[9].

El general Franco y el almirante Carrero imaginaron que “provincializando” el territorio del Sáhara se iba a contener el proceso descolonizador. Ignoraron o pretendieron ignorar que no sólo había allí un pueblo, el saharaui, con sus aspiraciones en ciernes, sino unos vecinos, los marroquíes, con las suyas propias. La España colonizadora fomentará la hostilidad hacia Marruecos entre las élites del Sáhara, que no albergaban sentimiento nacionalista propio todavía en los cincuenta ni incluso en los años sesenta, como demuestra que cuando aparece el primer brote de conciencia nacional con el movimiento de El Bassiri en 1970 (la manifestación de Jatarrambla, la represión y la desaparición del líder), aún no se había decantado hacia dónde se habría de inclinar la autodeterminación de los saharauis: retorno a Marruecos o independencia.

 

Va a ser entre 1970 y 1973 el corto período de tiempo en el que se engendra el nacionalismo saharaui, hijo de una doble conjunción: de un lado, la lógica colonial que decidirá apostar por una autonomía de diseño controlada por la ex-metrópoli; de otro, una política torpe de Marruecos que, en plenos "años de plomo" de la represión del general Mohamed Ufkir, empuja a algunos de los jóvenes saharauis progresistas que vivían en su territorio, huidos del Sáhara Occidental a raíz de los incidentes de 1957 con España (entre otros El Uali, fundador del Frente Polisario), a un exilio que Argelia instrumentalizará.

Conviene volver un poco atrás e insistir en un hecho poco conocido que demuestra que la pretensión marroquí de reintegrar el territorio del Sáhara Occidental en sus fronteras respondía a viejos y recientes lazos entre los habitantes de ambos territorios. No hablamos de soberanías sino de lazos y vínculos que en el siglo XX nos remiten a figuras como Ma’El Ainin o, en fecha más reciente, a los estrechos contactos entre el Ejército de Liberación marroquí y elementos de la población y de la élite saharaui en la segunda mitad de los años cincuenta. No insistiremos en aquellos episodios bélicos a los que recientemente se han dedicado numerosos libros en Marruecos, el más interesante para lo que nos ocupa es el del líder de la izquierda radical marroquí (la antigua OADP y hoy Partido de la Izquierda Unificada Socialista) Muhammad Ben Said “Ait Ider”, titulado Páginas de la epopeya del Ejército de Liberación en el Sur marroquí(10], sino en algunas de las consecuencias de ellos. Nos referimos a la preocupación por recuperar a los hijos de las élites (jeques y notables) que estuvieron con Marruecos y que la operación Écouvillon llevada a cabo por franceses y españoles en Ifni y el Sáhara condenó al refugio en territorio marroquí. Una buena proporción de jóvenes saharauis fueron recogidos en la Escuela Mohammedia de Casablanca como primera etapa de una formación que les llevaría más tarde a la Universidad marroquí y a muchos de ellos a militar en el seno del movimiento nacionalista y progresista marroquí durante los años sesenta. Entre estos jóvenes se encontraban Bassiri, el primer nacionalista saharaui y el propio El Uali.

Cuesta hoy restaurar la historia exacta de aquel período. Muchos reivindican la relación con El Uali, como es el caso de Alí Yata, secretario de los comunistas marroquíes, que aseguró en una entrevista publicada en la revista catalana Materiales que El Uali militó en su partido (por entonces denominado Partido de la Liberación y del Socialismo) entre finales de los sesenta y principios de los setenta[11]. Amigos personales que compartieron años de juventud lo recuerdan colaborando asiduamente en el periódico Maghreb Informations vinculado a la UNFP y al sindicato UMT([12]). Abraham Serfaty vincula a El Uali en su última etapa antes de partir al exilio con la extrema izquierda de Ila al-Amam, el grupo marxista-leninista escindido del PLS (Partido de la Liberación y del Socialismo, antiguo PCM) que se encontraba detrás de la revista cultural Souffles/Anfass que dirigía Abdellatif Laabi. Serfaty([13]) habla de contactos y “entrevistas detalladas” del grupo editor de la revista con Mustafa Sayed El Uali que dieron lugar a la publicación de un artículo titulado “Nueva Palestina en tierra del Sáhara” en el número 7-8 de la revista Anfass en enero de 1972. La crítica de este pequeño grupo se centraba en la colaboración entre los partidos llamados progresistas y el régimen marroquí para “integrar en la madre patria”, según el lenguaje al uso, al Sáhara. El gran reproche a estos partidos, planteado ya un año antes en la revista Souffles[14] consistía en hacer abstracción de las condiciones en las que esa colaboración se efectuaba, bajo una represión política severa. De ahí que, de alguna forma, el combate liberador en el Sáhara Occidental era una etapa en la lucha contra el régimen marroquí y en la consecución de la revolución árabe global, panacea política para todos estos grupos.

Se hablaba más arriba de estos tres años que van de 1970 a 1973 y que constituyen la clave para comprender el papel que el Sáhara habría de desempeñar tanto en la política marroquí, como en la argelina, como en la propia española, así como en el cruce entre todas ellas. En España, en ese período, el Sáhara se convertirá en "materia reservada" en 1972 y la cuestión va a ser ignorada por la opinión. Un grupo de jóvenes saharauis estudian en Madrid y Canarias con becas del Gobierno español y una discreta vigilancia policial, lo que ilustra en cierto modo la ambigua postura española en la cuestión. Este grupo de estudiantes entre los que destaca el actual representante del Frente Polisario en Naciones Unidas, Ahmed Bujari, será más tarde uno de los puntales en la formación del Frente Polisario.

En una reciente tesis doctoral de la investigadora mexicana Claudia Barona Castañeda [15] se describe también este período de gestación del Frente Polisario a través del itinerario de los jóvenes saharauis que en el Colegio Mayor Nuestra Señora de África de Madrid y en la Universidad canaria viven en un extraño alejamiento del proceso político de la metrópoli. No deja de ser sorprendente la inexistencia de contactos con la izquierda y con la oposición española con anterioridad a la creación de la Junta Democrática, de cuyo manifiesto de 1974 está completamente ausente cualquier referencia al Sáhara. Sobre algunas de estas paradojas se adentra otra tesis también reciente, la de José Ignacio Algueró Cuervo[16], titulada El Sáhara Occidental en la reciente historia de España, que contempla este descubrimiento tardío por la izquierda española de un independentismo mediatizado por una Argelia convertida en modelo y guía. Como señala Santiago Carrillo en testimonio escrito al propio Algueró, "hasta más tarde no tuvimos conocimiento cabal de la realidad sahariana y de la existencia de un movimiento propio de liberación, y al estar enterados modificamos nuestra posición y la apoyamos, lo que nos llevó al rompimiento con los comunistas marroquíes". El papel de Argelia en ese "conocimiento cabal" está aún por verificar -aunque no parece que ofrezca muchas dudas-, mientras que del enfriamiento entre los comunistas españoles y marroquíes en 1978 en vísperas del 9º Congreso del PCM, dio buena prueba la negativa a recibir los responsables de relaciones internacionales del PCE, Manuel Azcárate y Leonor Bornao, a una delegación del PPS integrada por Ismail Alaui (hoy secretario general de dicho partido) y Omar Fassi-Fihri, con el tiempo ministros ambos en el Gobierno de alternancia dirigido por Abderrahman Yusufi entre 1998 y 2002.

Del lado marroquí en esos mismos años la cuestión del Sáhara cobrará un protagonismo especial en la vida política interna y externa. En el plano internacional son años de intercambios intensos con los vecinos en búsqueda de una solución. Conciertos a dos en Tremecén (mayo de 1970 entre Argelia y Marruecos) y en Casablanca (julio de 1970 entre Marruecos y Mauritania) o a tres en Nuadibu (septiembre de 1970 entre Hasan II, Bumedian y Uld Daddah), prolongados dos años más tarde durante la cumbre de la Organización para la Unidad Africana (OUA) en Rabat en junio de 1972, de los que da buena y detallada cuenta la obra de Francisco Villar El Proceso de autodeterminación del Sáhara17] Marruecos intentará por entonces sin éxito bilateralizar el tema con España y deberá asumir que Mauritania -a la que no había reconocido hasta 1969 por sostener que su territorio era parte integrante de un Marruecos histórico- no cedía en sus reivindicaciones territoriales. En el plano interno marroquí, van a ser años de incertidumbre como consecuencia del fin del estado de excepción y de los dos atentados reales de 1971 y 1972. El partido nacionalista Istiqlal continuará presionando para la recuperación del Sáhara tanto al Gobierno como al monarca, a los que no perdonará el haber “renunciado” a Mauritania. En el otro polo del espectro político, en el ilegal pero tolerado Partido de la Liberación y del Socialismo (antiguo PCM), la cuestión del Sáhara preocupa igualmente, publicando su secretario general Alí Yata en 1972 la obra Le Sahara Occidental marocain. La obra, en sintonía con los planteamientos de las fuerzas políticas marroquíes desde antes de la independencia (entre ellas el propio PCM), reivindicaba la marroquinidad del territorio, pero va a ser considerada por el régimen como una injerencia en la política exterior del reino (convertida en dominio exclusivo del soberano) y prohibida en consecuencia. No se podían dar lecciones de patriotismo a Hasan II.

Por parte argelina, estos años son de titubeo entre el reconocimiento de las aspiraciones de Marruecos y Mauritania en Nuadibu (1970) y la adhesión al principio de autodeterminación, aderezado todo ello con la tentación de unas propuestas de amplia cooperación económica que López Bravo, ministro español de Asuntos Exteriores, se encargó de formular en Argel en febrero de 1972, punto de arranque de los controvertidos acuerdos sobre el gas natural que pretendieron, a juicio de algunos observadores, mantener a Argelia alejada en el tema del Sáhara.

Hay una tercera tesis doctoral también reciente, la de Juan María Portillo Puertas18], sobre El papel del gas natural en las relaciones hispano-argelinas, que aporta pistas de interés sobre el papel disuasorio que trataron de imprimir los gobernantes españoles de la primera mitad de los setenta en la negociación de los contratos del gas natural, a fin de que Argelia se desentendiera del Sáhara Occidental. Los acuerdos de agosto de 1975 -en vísperas de la Marcha Verde, cuando es posible que se tuviera ya decidido que se apostaría por la opción marroquí-, al admitir contra todo pronóstico una cláusula de "take or pay" de todo punto onerosa, dejaban muchas interrogantes sobre el papel de los dos contratantes, sobre todo cuando se recuerda que un mes más tarde la prensa oficial argelina estuvo muy "prudente" ante los fusilamientos de septiembre de 1975. La pregunta que surge es: ¿existían aún esperanzas argelinas de que España jugara en su línea en la cuestión del Sáhara?

El Sáhara y la legitimación de la monarquía

Si dejamos a un lado este período inicial, el Sáhara se convertirá desde entonces para Marruecos en elemento legitimador de la monarquía, en crisis palpable tras los dos golpes de Estado de 1971 y 1972. Naturalmente que a ello contribuyen de manera más decisiva de lo que se piensa los partidos políticos del movimiento nacional, Istiqlal, socialistas (USFP) y comunistas (PPS), que obtienen a cambio garantías de existencia en un marco de ciertas libertades y con posibilidad de participación en la cogestión de algunos municipios, así como de presencia parlamentaria, todo sea dicho, en un parlamento sin poderes. Durante años el Sáhara se convertirá en la “causa sagrada”, en el centro de la actividad política, en un tema sobre el que no cabía reflexionar ni opinar y desde luego menos aún disentir. Pero esa unanimidad cerril acabó convirtiéndose en un verdadero lastre político para Marruecos.

Si en 1974-75 la cuestión sahariana constituyó un aglutinante nacional que fraguó un esbozo de liberalización en el país, las resistencias observadas en el Sáhara y en los vecinos a la anexión a Marruecos fueron crispando la atmósfera hasta desembocar en guerra. En el plano interior, ese clima sirvió de “gran coartada contra el cambio” [19]. La política llevada a cabo en el Sáhara fue incuestionada por unos partidos que se vieron impelidos a votarla junto con los presupuestos dedicados a ella, y que lastraron la economía del país. Por un deber de patriotismo se apoyó sin reservas -y sin posibilidad alguna de control- una política que tendió a convertir la cuestión en “materia reservada” y que sólo recientemente empieza a encontrar quienes se atreven a cuestionar alguno de los aspectos derivados de ella, como la pésima imagen exterior del país ligada a una mala explicación de las razones de Marruecos en el tema. Siendo la política exterior un dominio reservado del Trono, y siguiendo las instrucciones del anterior soberano de abandonar todo foro en el que estuviese presente el Frente Polisario, la diplomacia marroquí perdió toda iniciativa frente a la dinámica del Frente Polisario bien encuadrada por Argelia. Hasta el que fuera el todopoderoso ministro del Interior de Hasan II, Dris Basri, terminó por reconocer este error que ha producido una mala imagen de la política marroquí en el Sáhara: “Creo que ha habido un déficit de explicación por nuestra parte, sobre todo en España”, terminaría por decir el controvertido ex ministro[20].

En el citado artículo “Sáhara y democracia en Marruecos” publicado en el diario El País se afirmaba que “la sangría del Sáhara costó caro a Marruecos no sólo en vidas y dinero, sino también en democracia”. No hay ningún balance de las vidas humanas perdidas en el conflicto ni tampoco una estimación de los costes de la guerra que en gran parte sufragara Arabia Saudí y la ayuda recibida de Estados Unidos y Francia. Pero sí se puede rastrear la hipoteca política que ha representado el Sáhara en este largo período de tiempo. Para empezar, en 1980 se decidió prolongar constitucionalmente la legislatura de cuatro a seis años, aduciendo que en período de guerra había que evitar una supuesta inestabilidad política. Más tarde, en diciembre de 1989 un referéndum aplaza de nuevo por un período de dos años las elecciones que debieran haberse celebrado en 1990, para permitir así que se celebrase la consulta en el Sáhara y participasen de este modo los habitantes de dicho territorio en los comicios municipales y legislativos. Un aplazamiento cuya verdadera justificación estaba una vez más en el miedo a los cambios, por otra parte bien improbables, en unos comicios bien controlados por el poder. Por otra parte, no habiéndose celebrado en el período previsto el referéndum sahariano, nada impidió que a los habitantes del Sáhara se les hiciese participar en las elecciones municipales y legislativas de 1992 y 1993, con lo que el pretexto invocado se desvaneció.

 

Si la vida electoral ha estado sometida a las vicisitudes derivadas de la cuestión del Sáhara, donde más ha salido perdiendo Marruecos con la prolongación del conflicto saharaui ha sido en el terreno de las libertades. De un lado, la cuestión de los desaparecidos, que algunas organizaciones no gubernamentales siguen elevando a cerca de 300 en relación con el tema del Sáhara. De otro, la cuestión del Sáhara ha seguido siendo hasta hace bien poco un tema tabú por el que cualquiera que disintiera de la posición oficial se exponía a la consideración de traidor y, por consiguiente, a penas de cárcel. Es cierto que la casi unanimidad del pueblo marroquí con todas sus fuerzas políticas a la cabeza, sostiene las tesis oficiales sobre la marroquinidad del Sáhara. Una profunda convicción nacionalista data, como se ha visto, de mucho antes del conflicto. Pero la falta de libertad que han padecido los marroquíes para expresarse en disidencia con estas tesis o para matizarlas reduce el valor de esa unanimidad que, no por sentida es menos forzada.

En 1981 Hasan II dio un vuelco al planteamiento de su país en el tema del Sáhara al aceptar en Nairobi en la cumbre de la OUA la posibilidad de un referéndum de autodeterminación para dirimir la cuestión. De aquí ha surgido un doble discurso que, de puertas afuera, aparenta marchar en esta dirección mientras de puertas adentro sólo se habla de “referéndum confirmativo”. Lo paradójico es que en esta cuestión resultan más monárquicos que el propio rey los propios partidos políticos, incluidos los democráticos y de izquierdas. No se olvide que los socialistas se opusieron a la decisión de Hasan II en Nairobi y los miembros de la cúpula de la USFP fueron condenados por ello a un año de prisión. En Marruecos cuesta trabajo admitir que la celebración de un referéndum implica la legitimidad de las dos posturas que han de dirimirse. No se ha preparado a la opinión pública para el día en que la otra parte –el Frente Polisario- deban y puedan hacer campaña previa a un referéndum.

Otro aspecto a tener en cuenta en este conflicto que se prolonga ya tanto tiempo y que termina por generar cansancio en los contendientes, es el hecho de que dos millares de antiguos miembros del Frente Polisario se han ido incorporando a Marruecos desde hace una quincena de años en que el movimiento guerrillero sufrió una poderosa crisis. Pero lejos de haber aprovechado esta coyuntura para convertirlos en elementos activos para su causa, están condenados al silencio en el país de acogida, que los desperdicia, no se sabe si por desconfianza o por la torpeza que ha caracterizado a la gestión oficial marroquí del tema sahariano, que no ha sabido vender bien las razones que lo avalan. Buena parte de esos saharauis retornados son precisamente los crecidos en la colonia española, hispanófonos, algunos de ellos fundadores de primera hora del Polisario pero, paradójicamente, excluidos casi desde entonces de la élite dirigente saharaui, nacida por el contrario en Marruecos o en Mauritania.

Sáhara, referéndum de autodeterminación y autonomía

Probablemente, el expediente político más delicado que Hasan II haya legado a su hijo sea el del Sáhara Occidental. El tema ha hibernado durante largo tiempo después de un período caliente en lo militar a finales de los setenta y en lo político durante los ochenta. Será bajo los auspicios de Javier Pérez de Cuéllar, Secretario General de la ONU, cuando el tema entre en una vía negociadora directa a partir de 1988, que tuvo como resultado un primer encuentro directo entre representantes de alto nivel del Frente Polisario y el monarca marroquí Hasan II en enero de 1989, en víspera de la creación de la UMA. Paralizada de nuevo la cuestión, se reactivó tras la segunda Guerra del Golfo en la primavera de 1991, aprobándose el 29 de mayo de 1991, en el Consejo de Seguridad de la ONU, un Plan de Paz para el Sáhara que llevó a un alto el fuego entre las partes en conflicto a partir del 6 de septiembre de ese mismo año. Pero el balance de los años noventa hasta la muerte del soberano marroquí en julio de 1999 no fue nada positivo, ya que los encuentros que tuvieron lugar entre las partes, tanto públicos (Marrakech, Tánger, Houston) como secretos (Lisboa, Ginebra), no parecen que acercaran de verdad las posiciones. El referéndum, que según el Plan de Paz de 1991 debía haberse celebrado en enero de 1992, ha sufrido numerosos y sucesivos aplazamientos, sigue sin fecha previsible y más bien lo que ha cundido es la pesimista idea de que nunca se llevará a cabo.

Tema espinoso de los últimos años fue la confección de un censo de electores para el referéndum de autodeterminación. Conscientes de que de él dependía el resultado final, las dos partes han tratado de zancadillear las propuestas contrarias obligando a postergar la fecha del referéndum que, en una de sus últimas convocatorias, debería haberse celebrado el 7 de diciembre de 1998 tras ponerse en pie un plan de paz auspiciado por James Baker, ex secretario de estado de Estados Unidos y mediador de la ONU para la cuestión, en una reunión con las partes celebrada en Houston (Texas) el 16 de septiembre de 1997. El bloqueo en el proceso de identificación de los candidatos a electores se debió a diversos factores, especialmente a la oposición del Frente Polisario a aceptar la inclusión de 65.000 personas que Marruecos presentaba como oriundos del Sáhara Occidental, aunque según su versión habitando en sus territorios desde el conflicto hispano-marroquí de 1957. La confección del censo fue tarea de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), estableciendo oficinas de identificación tanto en el propio territorio de la ex-colonia española como en los campos de refugiados de Tinduf (Argelia), en Marruecos y Mauritania.

Otra cuestión difícil es la repatriación de unos 130.000 de los saharauis refugiados en Tinduf. En noviembre de 1997, cuando se creía posible que la consulta se celebrase un año después, el ACNUR preparó un plan para la repatriación de los refugiados saharauis con derecho a voto, a los que cabría añadir sus familias y enseres como reclamaba el Frente Polisario. Un puente aéreo pretendía trasladar a un ritmo de 2.000 personas por día desde los campamentos hasta las ciudades de El Aaiún, Esmara, Dajla y Bojador, así como a algunos de los núcleos fuera de los muros de defensa como Aguanit, Tifariti y Meheres. Algún dispositivo similar habría de establecerse algún día a fin de que el referéndum pudiera contar en el territorio con todos los votantes, algunos de los cuales deberían ser repatriados también desde Mauritania, Canarias y Cuba. Lo que ocurre es que, de llevarse a cabo, supondría la convivencia durante los meses o años previos a la consulta de personas separadas ideológicamente y con un foso profundo abierto durante casi treinta años entre dos posiciones enfrentadas radicalmente. Una etapa difícil, ya que los defensores de ambas posiciones tendrían que tener garantizado el derecho a poder defenderlas públicamente, lo que no ha sido el caso ni en Marruecos ni en los campamentos de refugiados durante todo el período de tiempo transcurrido desde 1976.

 

El caso de Timor Oriental obliga a una reflexión en relación con el Sáhara Occidental. El referéndum de autodeterminación tras una larga ocupación de Indonesia a raíz de la descolonización de Portugal concluyó con un resultado favorable a la independencia del territorio y una reacción feroz de grupos incontrolados contrarios al resultado. También en el Sáhara es previsible que los grupos con intereses creados en el territorio reaccionen frente a la presencia de opositores manifiestos a partir de la repatriación de los partidarios del Polisario y de sus familias. Esos grupos podrían estar vinculados con mafias que viven del contrabando al calor del régimen económico especial que vive el territorio del Sáhara, con una subvención de los principales productos e hidrocarburos, o que se encuentran implicadas en el tráfico de inmigración clandestina con las vecinas islas Canarias. Sin una acción decidida y preventiva de fuerzas del orden que eviten cualquier descontrol, y sin algún mecanismo internacional de observación que sirva de mediador y garante en los meses anteriores a la consulta, los riesgos de convertir el Sáhara en un polvorín son evidentes, con el consecuente contagio al resto de Marruecos que podría terminar desestabilizado. Se imponen por tanto, por difíciles que sean, acuerdos y pactos previos que hagan inviables las revanchas de ningún género.

Una de las salidas posibles en la que trataron de encontrar un acuerdo las partes en reuniones como la de Tánger a principios de septiembre de 1996, fue la de una amplia autonomía del territorio[21]. Si bien en esa reunión -como en anteriores encuentros- no se llegó a conclusiones que hicieran avanzar el conflicto, la propuesta dio pie a poner en marcha en Marruecos un proceso de descentralización que iba en la línea con lo que su monarca siempre había propuesto como el modelo de país que quería legar a su hijo: un Marruecos de los “länders”. La Ley de Organización de la Región sometida al Gobierno marroquí por el ministro del Interior el 17 de diciembre de 1996, pretendía impulsar la descentralización de un Marruecos cada vez más complejo y facilitar de este modo la participación de los ciudadanos en un ámbito más cercano a su cotidianeidad que el de la política nacional. Por primera vez en la historia de Marruecos la Región aparece definida como una colectividad local con personalidad propia. Así lo reconocen las constituciones de 1992 y 1996.

La coincidencia de la promulgación de la ley el 2 de abril de 1997 con una aceleración del proceso negociador en el Sáhara, pareció que formaban parte de un mismo juego, e hizo correr todo tipo de especulaciones. La Ley de la Región no iba demasiado lejos, sin embargo, en cuanto a la concesión de verdaderas autonomías a las nuevas entidades locales, dado que los gobernadores civiles seguían teniendo poderes exorbitantes en el control de las asambleas electas, a pesar de que éstas adquirían algunas competencias descentralizadoras.

El mapa evidenció un claro miedo al reconocimiento de identidades conflictivas. Esto ocurre con el Norte, región con conciencia de marginación y olvido, que aparece dividida en tres regiones, separando las provincias de Tánger, Tetuán y Chauen de la de Alhucemas y de la Nador. La separación entre sí de estas dos últimas provincias, culturalmente homogéneas en tanto que partes del Rif berberófono, es una evidencia del temor que produce a Rabat la cristalización de identidades culturales que pueden ser el embrión de nacionalismos. Algo así ha ocurrido con el Sáhara Occidental, fraccionado en tres regiones y enlazada su parte más oriental (Esmara) con el sur retrocedido por España en 1958 tras la guerra de Ifni y poblado por las tribus que Marruecos ha buscado se identificasen por la comisión de la ONU como saharauis, los Ait Ba Amrá

Así presentada, la Ley de la Región no ofrece un marco de solución a la cuestión del Sáhara. Sin duda el miedo a la resurrección de los viejos demonios del siba -la disidencia- en el Marruecos de hoy, dificulta que se vaya más lejos en una descentralización a fondo que potenciara la democracia directa. El búnker de lo que se denomina el majzén (el aparato administrativo-militar) sólo ve en ello el riesgo de abrir la caja de los truenos que llevaría a la disolución de Marruecos. No es esta la opinión del más conocido de los historiadores marroquíes, Abdallah Laroui. En el epílogo a la edición española de su libro Historia del Magreb[22], decía: “Sigo pensando, al leer la historia magrebí, que el comportamiento democrático no se convertirá en algo natural entre gobernantes y gobernados hasta que aquéllos dejen de obsesionarse con el miedo a la ‘desintegración nacional’. Creer, o hacer creer, que el Estado está siempre en un tris de verse sumergido por la marejada desbordante de la barbarie, es el mejor medio para que nunca surja entre la población una conciencia civil responsable”.

El siguiente paso de la mediación de James Baker tras la entronización de Mohamed VI fue la proposición de un plan de arreglo de la cuestión saharaui, lo que se conoció como la “tercera vía”. La propuesta hecha pública por Yussufi incluía la concesión de una amplia autonomía administrativa que permitiera una forma de autogobierno para las poblaciones del Sáhara Occidental. 

 La idea de una “tercera vía” cundió tras la entronización de Mohamed VI como una salida que permitiera una solución negociada sin vencedor ni vencido como preconizara desde hace unos años Abraham Serfaty. Pero se encontró con la resistencia de los partidos que fueron siempre en esta cuestión más nacionalistas que el propio rey difunto. Asunto considerado tabú, nadie se ha atrevido a opinar por considerarlo materia de dominio reservado del monarca. Tras la muerte de Hasan II, ha comenzado tímidamente a entrar en el debate público, de la mano de algunas publicaciones como Le Journal, Al-Sahifa o Demain, que han forzado las líneas rojas en este como en otros temas[23].

La “tercera vía” apuesta por una incorporación a Marruecos, pero dando un amplio margen de autonomía al territorio del Sáhara. Lo que ocurre es que esta alternativa sólo resulta creíble si se plantea en el marco de un Marruecos autonómico, democrático y solidario, en el que vivan en igualdad y de manera autónoma tanto los saharauis como los rifeños, los susis o los habitantes de las diferentes regiones de un país tan plural, lingüística y culturalmente como Marruecos. Para que este país no pague caro los años perdidos en encontrar una salida a la cuestión sahariana, la única vía posible para conciliar con el derecho internacional el proyecto marroquí de conservar el Sáhara en el seno del reino es, para algunos, la solución autonómica. En un reciente libro, Abdelali Benamour, miembro del “Collectif Sahara-Maghreb” y fundador de la Asociación Alternatives que desempeña un papel clave en la dinamización de la sociedad civil marroquí, defiende una amplia autonomía para el Sáhara en el marco de la soberanía marroquí, dentro de un Magreb de las autonomías construido “a tres niveles y con prerrogativas específicas: la Región, el Estado y la Federación Magrebí”[24].

Para los saharauis de Tinduf y para el Frente Polisario, resulta sin embargo poco creíble negociar un estatuto especial para el Sáhara Occidental si el Reino no pone en cuestión su modelo de Estado centralizado y su forma de gobierno. La primera de las condiciones para que pueda ser viable una “tercera vía” es, a nuestro juicio, que Marruecos plantee en serio un proceso de democracia descentralizada para todo el país, con regiones dotadas de sus propios gobiernos y parlamentos autonómicos con amplias competencias en materia económica, educativa, sanitaria y cultural. Una idea que comienza a filtrarse en los medios políticos y periodísticos de Marruecos, pero que choca profundamente con su naturaleza de Estado, y a la que sin duda se oponen poderes fácticos tan poderosos como el Ejército. El diario L’Opinion del nacionalista partido del Istiqlal se preguntaba en su portada del 2 de enero de 2001: “¿Es trasladable al Sáhara el modelo de autonomía interna de tipo catalán?”, para acabar conviniendo en que, aunque en el plano teórico podría ser ideal este modelo para aplicarse, encierra el riesgo del “contagio autonómico”, que podría extenderse a otras regiones del reino. Completamente lo contrario de lo que Le Journal Hebdomadaire del 10 de marzo publicaba en un monográfico titulado “¿Qué federalismo marroquí para un Reino unido?”, en el que se definían seis “zonas de influencia cultural”: un Rif al norte, una Oriental limítrofe con la Argelia histórica, un Medio Atlas bajo la influencia de Fez y Mequínez, unas Llanuras Costeras desde Rabat hasta Marrakech, un Sus con Agadir y su retropaís sahariano y un Sáhara propiamente dicho desde Tarfaya a La Güera. Se defendía así una verdadera descentralización con el enraizamiento de una democracia local en las llamadas “provincias del sur”, desde donde debería difundirse al conjunto del territorio nacional.

No cabe, sin embargo, una democracia descentralizada sin el derecho a organizarse políticamente en partidos regionales, un terreno en el que Marruecos ha perdido unos años decisivos en el Sáhara, al no haber decidido permitir la organización de uno o varios partidos saharauis de carácter específico capaces de integrar a las élites que, o bien decidieron seguir con Marruecos, o fueron reintegrándose a raíz de la crisis del Frente Polisario en 1988. Sin embargo, la nueva ley de partidos políticos que se discute a comienzos de 2005 entre Gobierno y Parlamento en Marruecos, sigue sin prever la posibilidad de organizarse para partidos que se reclamen de contenido religioso, regional o lingüístico.

Una tercera vía para la resolución del conflicto

 La vía de la autonomía de un Sáhara democrático “ligado a Marruecos mediante una solución negociada en el marco y al amparo del derecho internacional”, según preconizaba Abraham Serfaty en su carta al presidente Buteflika el 8 de enero de 2000, y que exploraba el Acuerdo Marco preparado por James Baker, ha permanecido en vía muerta desde que el Polisario y Argelia dieron su no a la propuesta. El secretario general de la ONU  viene planteando desde su informe de 25 de octubre de 2000 que corresponde a Marruecos realizar un gesto de apertura en el sentido de la verdadera descentralización. En dicho informe decía: “la opinión de mi Enviado Personal, que yo comparto, que nuevas reuniones de las partes para buscar una solución política no tendrán éxito, y de hecho podrían ser contraproducentes, a menos que el Gobierno de Marruecos, como Potencia administradora del Sáhara Occidental, esté dispuesto a ofrecer o apoyar alguna restitución de autoridad gubernamental, para todos los habitantes y ex habitantes del Territorio, que sea auténtica, sustancial y en armonía con las normas internacionales”[25]. El 23 de mayo de 2003 Kofi Annan volvía a reproducir la misma argumentación en su informe S/2003/565.

Dicho de otro modo, Marruecos debe clarificar qué marco sería capaz de ofrecer para hacer realidad la vía de la autonomía. Pero, afirman las autoridades marroquíes, hacerlo explícito correspondería a descubrir sus bazas de negociación, como si se estuviera en la lógica del zoco en la que no es posible mostrar el “precio” que se estaría dispuesto a pagar para obtener lo deseado.

 En el verano de 2003, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas volvió a valorar una nueva versión del Acuerdo, el Frente Polisario contestó afirmativamente, demostrando audacia política. Fue entonces Marruecos quien se negó a avalarlo. Las reservas que Marruecos hace al nuevo plan Baker II tienen, en parte, fundamento. Es natural que exija que la entrada en vigor del plan “no tenga lugar más que tras el cumplimiento por los signatarios (Marruecos, Polisario, Argelia, Mauritania y Naciones Unidas) de los procedimientos impuestos por sus respectivos sistemas jurídicos”. Marruecos, por ejemplo, y así lo recuerda el documento, debe modificar su constitución ya que la cuestión afecta al estatuto de las que considera sus provincias del sur y ello exige un proceso que no debe hacerse precipitadamente como en los refrendos de la era Basri. Es lógico también que insista más en la solución política, que debería alcanzarse antes del referéndum, aún cuando este no pueda obviarse según el derecho que impera en el sistema internacional y que Marruecos, por las razones que fueran, aceptó en 1981. Es muy lícito también que pida aclaraciones y garantías en determinados aspectos, como precisar mejor las competencias de la ONU en el proceso, o la naturaleza del censo electoral[26]. Obvio también que considere que pueden producirse desajustes y dificultades complicadas de resolver a la hora de instaurar un poder judicial descentralizado en un país muy jerarquizado y donde la separación de poderes no está garantizada de manera clara por la práctica y la ley. Incluso se comprende que Marruecos trate de ganar el mayor tiempo posible –ha sido su técnica hasta ahora- con el pretexto de hacer bien las cosas, de lograr garantías para que no se den pasos en falso.

Pero hay una cuestión en la base de las reservas marroquíes que irrita al observador de buena voluntad: el pánico a que, según las alegaciones marroquíes, “Marruecos podría encontrarse, desde la elección de la asamblea y del ejecutivo del territorio, a una campaña de propaganda en favor de la secesión, sin poder prohibir tales acciones susceptibles de poner en peligro la seguridad del país y el mantenimiento del orden”. Opinar así es no querer entender que de lo que se trata es de llegar con este “Plan de paz para la autodeterminación del pueblo saharaui” a una reconciliación entre las partes, a una necesaria normalización de la imagen del otro, a acabar con la discriminación del lenguaje, que tacha a unos de separatistas, de mercenarios y a los otros de colonialistas, de ocupantes. Sin desdemonizar de un lado al Polisario y de otro al marroquí, no cabe plan creíble. Y en ese caso ambos deben legitimar el derecho de expresión del otro. La novedad de este acuerdo está en que a las dos posiciones irreconciliables, independencia e incorporación a Marruecos, se añade una tercera alternativa, la de una amplia autonomía que permita a los habitantes del Sáhara expresar sus particularidades dentro de Marruecos y que puede abrir a las otras regiones del país una verdadera vía de descentralización democrática.

Naturalmente que para aceptar todo esto hace falta un coraje político que sólo un Gobierno fuerte puede afrontar. Y parece en cambio que Marruecos, tras el repliegue securitario producido por los atentados de Casablanca del 16 de mayo de 2003, no se encuentra en esta disposición, con sus varios focos de poder que impiden una acción política unificada: Palacio y su entorno, Ejército, Gobierno y partidos. Perder la oportunidad que ofrecía este plan, oponiéndose, una vez más, a la voluntad de la ONU de arreglar este conflicto, puede volverse en contra de Marruecos.

Aceptarlo a ciegas, por el contrario, podría ser irresponsable, tal vez, pero negarse a apostar por esta vía, bajo el pretexto de que se trata de una trampa argelina o de una maniobra extranjera, aplazando así una vez más la resolución de este conflicto que se prolonga ya demasiado tiempo, supone también para Marruecos el riesgo de dejar pudrir algo que cuesta ya demasiado a un pueblo como el marroquí. Por el contrario, negociando los retoques necesarios, mostrándose abierto a una voluntad de reconciliación, sería ganar para siempre al Sáhara y a todos los saharauis para la causa de un Marruecos abierto, plural, transparente y democrático.

Bernabé López García es Catedrático de Historia del Islam Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y coordinador del Doctorado de Estudios Internacionales Mediterráneos.

Miguel Hernando de Larramendi es Profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigador del Taller de Estudios internacionales Mediterráneos de la UAM.

[1] Véase Rouadjia, Ahmed “L’UMA mise à mal” en Annuaire de l’Afrique du Nord 1994, CNRS, París 1996, pp. 849-855.

[2]Véase Lancaster, Robin, The Arab Maghreb Union: its aims, challenges, and future relations. Gulf Centre for Strategic Studies, Londres 1996.

[3] Hasta la fecha sólo han sido ratificadas por los Estado miembros tres convenciones: convención relativa al intercambio de productos agrícolas entre los países de la Unión del Magreb Árabe; convención comercial y tarifaria entre los países de la Unión del Magreb Árabe y convención relativa a la creación del Banco magrebí para la inversión y el comercio exterior entre los Estados miembros de la Unión del Magreb Árabe.

[4]Los días 14 y 15 de febrero de 2005, por ejemplo, organizó un seminario sobre el desmantelamiento de los acuerdos multifibras en Túnez, en colaboración con el Ministerio de Comercio y Artesanía de Túnez y la Comisión de Naciones Unidas para África.

[5]Habib Boulares sustituyó en enero de 2002 al también tunecino Mohamed Amamu en la secretaría general de la organización. La Unión del Magreb Árabe dispone de una página web en donde se dan cuenta del orígen, marco jurídico y actividades de la organización y de su Secretario General: www.maghrebarabe.org.

[6]Véase Haizam Amirah Fernández, “El Sáhara Occidental en las dinámicas internas intra-magrebíes” en Análisis del Real Instituto (ARI), Real Instituto Elcano (2004), www.r-i-elcano.org/analisis/625.asp.

[7] Véase “Argelia tras la reelección de Abdelaziz Buteflika”, Análisis del Real Instituto (ARI), Real Instituto Elcano (2004), www.r-i-elcano.org/analisis/504.asp.

[8] Véase Iván Martín “El puzzle de la integración subregional en el Mediterráneo” en Anuario del Mediterráneo 2003, Iemed/Cidob, Barcelona 2004, pp. 164-167.

[9]El Protectorado de España en Marruecos. Editorial Mapfre, Colección El Magreb. Madrid, 1992, p.351.

[10]Safahát min malhama Yaych al-tahrír bi-l-yanúb al-magribí, Prólogo de Abd Allah Ibrahim, Casablanca, 2001.

[11]Bernabé López García, “Los comunistas marroquíes ante la cuestión del Sáhara. Entrevista con Alí Yata, Secretario General del PPS (PCM)”, Materiales, 8 (marzo-abril 1978), pp. 147-160.

[12] Entrevista de los autores con Rachid Rguibi, asesor para temas saharauis de la Presidencia del Gobierno marroquí, celebrada el día 29 de enero de 2003.

[13] “Les fondements historiques de la lutte de libération nationales du peuple sahraoui et sa cristalisation de 1955 à 1976”, en Abraham Serfaty, Dans les prisons du roi. Ecrits de Kénitra sur le Maroc, Messidor, Editions Sociales, Paris 1992, pp. 170-185.

[14] Número 19 (1970), monográfico dedicado a la revolución africana, fecha sobre “Sahara Occidental” en el dossier “Afrique, un seul et même combat”, p. 46-48.

[15]Sáhara al Garbía (1958-1975): Estudio sobre la identidad nacional saharaui, 1998: Universidad Autónoma de Madrid, dirigida por Bernabé López García. La tesis explota el archivo de Rodríguez de Viguri que contiene numerosos materiales para ilustrar la política española de la época, que oscila entre cómo se fabrica un partido independentista domesticado (el PUNS) a la vez que se vigila de cerca la insurgencia de otro movimiento más radical, el Frente Polisario, con el que no se cortan los lazos por si es necesario utilizarlo como carta en la manga.

[16]1999: UNED, dirigida por Víctor Morales Lezcano.

[17] Fernando Torres Editor. Valencia, 1982.

[18]1999: Universidad Complutense. Dirigida por Antonio Marquina.

[19]Ver el artículo de Bernabé López García, “El Sáhara, España y Marruecos. Historia de un desencuentro”, en Política Exterior, 70 (julio-agosto de 1999), pp. 21-26.

[20]El País, 16 de julio de 1999.

[21]Sobre este tema versa el capítulo “Sáhara y regionalización en Marruecos” redactado por Bernabé López y Miguel Hernando de Larramendi en la obra de Thierry Desrues y Eduardo Moyano (Eds.), Cambio, gobernabilidad y crisis en el Magreb. Una reflexión desde las dos orillas, CSIC-IESAA, Córdoba 1997, pp. 81-95.

[22]Historia del Magreb desde los orígenes hasta el despertar magrebí, Editorial Mapfre, Colección El Magreb, Madrid 1994, pp. 374-375.

[23]Todavía en abril de 2001, el ministro marroquí de Comunicación, Mohamed Larbi Messari, declaraba a La Nouvelle Tribune que “SM el rey es la única persona habilitada para debatir y proponer soluciones. Todo debate en torno a esta cuestión, fuera del consenso nacional, está prohibido”.

[24]Espérance et volonté, Editions ODCE (Observatoire de la Competitivité de l’Entreprise). Casablanca, 2004, p. 217.

[25]Informe S/2000/1029 del Secretario General. Citado por Laurent Pointier, Sahara occidental. La controverse devant les Nations unies, Karthala-Institut Maghreb-Europe. París, 2004, p. 166.

[26]Aunque, ¿no debería estar Marruecos seguro del resultado final, ya que, si las cuentas son correctas, las 151.696 personas que viven en el territorio y figuraban en las últimas elecciones legislativas de septiembre de 2002 deberían pesar más que los 83.000 saharauis identificados por la MINURSO, suponiendo el caso bien improbable de que todos votaran por el Polisario? Sin embargo, ahí también Marruecos se muestra inseguro ya que parece no controlar plenamente el sentido del voto de las poblaciones de origen marroquí establecidas en el Sáhara Occidental

 

T Nº 15/2005 – Documentos del Real Instituto Elcano.

 © Fundación Real Instituto Elcano, Madrid, 2005

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