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Amnistía
Internacional (AI)
ha asegurado que al
menos 840 personas
murieron a manos de
las fuerzas de
seguridad durante
las protestas
multitudinarias que
concluyeron el
pasado mes de
febrero con el
derrocamiento del ex
presidente Hosni
Mubarak y ha
reclamado a las
autoridades egipcias
que garanticen la
justicia para "todas
las víctimas" de la
represión.
La organización de
Derechos Humanos ha
presentado esta
semana un nuevo
informe sobre los
homicidios,
detenciones y
torturas perpetrados
por las fuerzas de
seguridad con motivo
de la llamada
Revolución del 25 de
enero.
El documento se
publica dos días
antes de que
comience el juicio
contra el entonces
ministro del
Interior, Habib el
Adli, por cargos
relacionados con la
muerte de
manifestantes.
Amnistía
Internacional ha
presentado sus
conclusiones a la
Fiscalía para que
sirvan de apoyo a
las investigaciones
sobre las
violaciones de
Derechos Humanos.
En su informe,
Amnistía valora
positivamente que
las autoridades
egipcias hayan
empezado a exigir la
rendición de cuentas
de algunos de los
presuntos
responsables de
graves violaciones
de los Derechos
Humanos, dado que el
enjuiciamiento de
altos cargos
públicos
presuntamente
responsables de un
uso excesivo de la
fuerza contra
manifestantes
pacíficos "es un
primer paso
fundamental".
No obstante,
prosiguió, la
respuesta de las
autoridades "debe ir
mucho más lejos", ya
que las familias de
las víctimas o las
personas que
resultaron
gravemente heridas o
sufrieron
detenciones
arbitrarias o
torturas a manos de
la Policía y del
Ejército tienen
derecho a que se les
proporcione "la
verdad sobre lo
ocurrido, una
reparación adecuada
y garantías de que
todos los
responsables serán
procesados".
El informe contiene
pruebas sobre el
"uso excesivo de la
fuerza" y el
"desprecio
manifiesto de la
vida" por parte de
las fuerzas de
seguridad en su
intento por
"disolver y reprimir
las protestas contra
el ex presidente
Hosni Mubarak",
indicó Amnistía.
Muchos
manifestantes,
aseguró, murieron
como consecuencia de
disparos en la parte
superior del cuerpo
- como la cabeza y
el pecho -, lo cual
indicaría que las
fuerzas de seguridad
atacaron
"selectivamente a
manifestantes que no
representaban una
amenaza" o, como
mínimo, hicieron "un
uso absolutamente
irresponsable de las
armas de fuego".
Aparte de los
fallecidos, "más de
6.000 personas
sufrieron lesiones
en las protestas,
algunas de carácter
permanente", agregó
Amnistía.
Pese a que, el
pasado 16 de
febrero, el ex
primer ministro
Ahmed Shafiq aseguró
que se indemnizaría
a los familiares de
las personas que
habían muerto
durante las
protestas, Amnistía
Internacional
considera que las
autoridades deben
ayudar también a las
víctimas de heridas
graves e incluso
hacerse cargo de los
gastos médicos y
lamentó, al
respecto, que el
Gobierno no haya
cumplido todavía su
compromiso de ayudar
a los manifestantes
heridos.
Comisión del
Gobierno
La comisión
designada por el
Gobierno egipcio
para investigar las
protestas hizo
público el 14 de
abril un resumen de
su informe, en el
que consideraba
responsable al ex
ministro del
Interior de los
homicidios de
manifestantes.
Al respecto, aunque
las conclusiones
generales de la
comisión sean
"positivas",
Amnistía ha
lamentado que este
organismo no haya
publicado una lista
completa de las
personas que
perdieron la vida en
las manifestaciones,
incluyendo las
circunstancias de su
muerte, lo cual, a
juicio de AI, es
"imprescindible para
que los familiares
de las víctimas y la
sociedad en su
conjunto puedan
superar el trauma de
lo ocurrido".
Aparte, la comisión
tampoco investigó en
profundidad los
casos individuales
de detención
arbitraria, tortura
u otros malos
tratos, como tampoco
analizó los abusos
cometidos por el
Ejército.
Para elaborar su
informe, Amnistía
Internacional
documentó numerosos
casos de tortura
bajo custodia
durante las
protestas, como
palizas con palos o
látigos, descargas
eléctricas - incluso
en partes sensibles
del cuerpo -,
sometimiento a
posturas forzadas
durante largos
periodos, insultos y
amenazas de
violación. Muchas
víctimas contaron a
Amnistía
Internacional que
habían sido
torturadas por los
soldados.
Tribunales
militares
Por otra parte,
indica el documento,
muchos de los
detenidos durante
los disturbios
fueron juzgados en
tribunales militares
a pesar de que eran
civiles, una
práctica que viola
los "requisitos
fundamentales del
debido proceso y los
juicios con las
debidas garantías".
El hecho de que se
siga haciendo,
advirtió la
organización,
"plantea dudas sobre
el compromiso del
Ejército egipcio en
favor del
establecimiento del
Estado de derecho".
Asimismo, la
organización ha
pedido que se
investiguen las
circunstancias de la
muerte de al menos
189 presos durante
los motines
carcelarios. Entre
las "cientos de
personas que
sufrieron abusos
graves contra sus
Derechos Humanos en
este periodo" y que
"siguen esperando
justicia" figuran
"familiares de
presos que fueron
víctimas de
homicidio ilegal",
añadió.
El informe de AI
exige también a las
autoridades egipcias
que las
instituciones del
Estado dejen de ser
"instrumentos de
represión y
obstáculos para la
justicia", que se
revisen las leyes
"que permiten que se
cometan violaciones
de Derechos Humanos"
y que se tomen las
medidas adecuadas
para "garantizar que
no se repiten esos
abusos".
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