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Irak



Amnistía Internacional:
Los derechos humanos en Irak ante una nueva guerra

Algunos líderes políticos occidentales están utilizando con inusitada frecuencia la situación de los derechos humanos en Irak como excusa para justificar una intervención militar. Este enfoque selectivo de los derechos humanos no es más que una manipulación fría y calculada de la labor de los activistas de derechos humanos. No olvidemos que fueron estos mismos gobiernos los que cerraron los ojos ante los informes de Amnistía Internacional sobre las violaciones de derechos humanos generalizadas que tenían lugar en Irak antes de la Guerra del Golfo. Los mismos gobiernos que permanecieron en silencio en 1988 frente al asesinato de millares de civiles kurdos inermes en Halabja.

La población de Irak no sólo ha seguido sufriendo a manos del gobierno (en una política sistemática de tortura, ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», detenciones arbitrarias y juicios sin garantías) sino que, desde 1990, también ha sido la parte más afectada por el régimen de sanciones impuesto por las Naciones Unidas. Las sanciones han puesto en peligro el derecho a la alimentación, la salud, la educación y, a menudo, el derecho a la vida de cientos de miles de personas, en muchos casos menores de edad. Algunos afirman que el gobierno iraquí está manipulando deliberadamente el régimen de sanciones con propósitos propagandísticos, pero ello no absuelve al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de su parte de responsabilidad por haber desoído los llamamientos para que se levantaran todas las sanciones que tuvieran como resultado la comisión de graves violaciones de los derechos de la población iraquí.

Al examinar la cuestión del uso de la fuerza militar, el Consejo de Seguridad debe no sólo considerar las consecuencias políticas y de seguridad de tal acción sino también el inevitable precio de la guerra en materia humanitaria y de derechos humanos: los civiles que perderán la vida a causa de lo bombardeos o de los combates internos, los niños que morirán debido a que las sanciones dificultarán aun más la satisfacción de sus necesidades básicas y el acceso a ayuda humanitaria. Pero la preocupación por la vida y la seguridad del pueblo iraquí es un elemento tristemente ausente en este debate, como también lo es cualquier discusión sobre cuál será la suerte de estas personas tras el conflicto y, lo que es peor, qué repercusiones tendría una intervención militar en el disfrute de los derechos humanos por parte de la población de los países vecinos.

Como guardián de la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, de buscar ante todo una solución por medios pacíficos. Debe recordar a su miembro más fuerte que la fuerza es el último recurso, que sólo debe utilizarse en pleno cumplimiento del derecho internacional. Debe preguntarse si hemos llegado realmente al punto de peligro inminente que no deja abierto ningún otro camino. No debe olvidar nunca que las Naciones Unidas fueron creadas para preservar la paz y fomentar los derechos humanos y no para propiciar la guerra.

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